La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que cumplió una década, se encuentra en un momento "crucial" para lograr el objetivo para el que fue creada: pasar de la beneficencia a un sistema público de protección social.
Pese a que la ley supuso en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros y fue configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación, que no acaban de resolverse.
Tal es así que, a mediados de diciembre, la mayoría de los grupos parlamentarios, menos PP y PNV, firmaron un acuerdo en el Congreso para relanzar la ley, recuperar los fondos perdidos en los Presupuestos Generales, acabar con la lista de espera en dos años y dotar al sistema de más transparencia.
Tras 10 años de promulgada, la ley puede ser un gran elemento de protección social
La crisis coincidió con el momento en que la ley comenzaba a andar y las posteriores restricciones presupuestarias para que el Gobierno cumpliera con los objetivos de déficit de Bruselas golpearon al sistema de dependencia, dejándolo en un equilibrio inestable.
En movimiento social de la discapacidad, que fue actor cívico en primera persona de la gestión de la Ley de Dependencia, hay "decepción, frustración y casi sentimiento de estafa", según indicó el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez-Bueno, para quien "tiene aún virtualidad, es recuperable y cabe reactivarla como lo que debió ser y no ha alcanzado aún, una nueva arquitectura de protección en un país sin apenas construcción social sólida".