El gobierno municipal elevará hoy a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Arona el documento final para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento regulador de la plantilla municipal que es obligatorio desde hace dos décadas pero del que caree la institución. La Concejalía de Recursos Humanos, que gestiona Yolanda Mendoza, ha negociado con los sindicatos durante casi un año, "un tiempo récord" para una RPT de más de 850 páginas que regulará la situación de 463 empleos, sin pérdida de poder adquisitivo ni incremento presupuestario.

"La RPT es un documento obligatorio desde hace 20 años. Arona ha realizado dos intentos frustrados en ese periodo y uno de ellos costó 80.000 euros a las arcas municipales. Esta tercera intervención, la primera de este grupo de gobierno, está consensuada con todas las partes y ha costado menos de 18.000 euros, invertidos en una consultoría externa para elaborarlo en el menor plazo posible".

La concejal valora el trabajo de los empleados municipales para hacer posible este documento en el que "las propuestas y escritos oficiales presentados por los sindicatos han sido aprobados casi en su mayoría en el marco de las negociaciones. Las que no, están abiertas a futuras negociaciones, ya que la RPT es un documento vivo y actualizable, que se adaptará a la realidad municipal".

La Mesa General de los Trabajadores del Ayuntamiento abordará el documento definitivo que, previamente, ha sido trabajado en foros y mesas de trabajo. Seguidamente, se llevará a comisión informativa y si todo prospera, se espera elevar la RPT para su aprobación al Pleno este mes.

Yolanda Mendoza explica que "con una población de casi 94.000 habitantes, el Ayuntamiento de Arona necesita muchísimos más trabajadores para ofrecer un servicio apropiado a la ciudadanía. Contamos con casi cien puestos vacantes y un remanente de tesorería de casi 49 millones, pero las limitaciones estatales no nos permiten contratar". Precisamente, esas cien vacantes dotadas, que suponían 1,8 millones de euros en el Capítulo 1 del Presupuesto Municipal, permiten disponer de un colchón económico con el que incluir conceptos no regulados, como nocturnidad.