El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite ayer los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre que aprobaron el miércoles el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos.
Así lo confirmaron fuentes del tribunal de garantías, que añadieron que en las resoluciones se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
El tribunal se reunió con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron este miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta independentista.
Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal acordó dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del 1-O, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.
Tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones -la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta-, el TC ordena que la resolución adoptada ayer se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta -empezando por el presidente, Carles Puigdemont- y a los 947 alcaldes de Cataluña, éstos últimos "con carácter preferente y urgente". Se hará a través de la Delegación del Gobierno.
La petición se hacía extensiva a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Ràdio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins.
Además, los magistrados tenían sobre la mesa, igualmente como ampliación del orden del día de su sesión de ayer, un segundo incidente de ejecución, éste último presentado contra la admisión a trámite en el legislativo catalán de la ley de desconexión y contra todos los actos que se deriven. Los magistrados también han acordado darle trámite en la sesión que ha concluido sobre las nueve y media de esta noche.
El Gobierno consideró que el referéndum catalán vulnera ocho artículos de la Constitución y tres del Estatut.