"Sabemos cómo prevenir el suicidio, pero no lo hacemos". Esta es la denuncia del presidente de la Sociedad Española de Suicidología (SES), Andoni Anseán, ante una "tragedia de magnitud, pero invisible en España", a pesar de causar 10 muertes diarias y suponer un gran reto para la salud pública. Coincidiendo con la conmemoración el 10 de septiembre del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la SES celebró en Madrid su I Congreso este fin de semana para dar visibilidad a este problema, que termina con la vida de unas 4.000 personas al año, según recordó su presidente en una entrevista con Efe.

La mayoría de los suicidios se registran entre los 35 y los 60 años, aunque los mayores ostentan una tasa 4 o 5 veces superior y los jóvenes los mayores índices de tentativa. Según Aseán, son perfiles distintos, que hay que abordar con políticas de prevención en los adolescentes, mientras que en el caso de los mayores "se debe centrarse en señales de alerta del entorno". El 90% de los suicidas tenían un trastorno mental diagnosticable, "lo que no significa que estuvieran diagnosticados" y en un 60% de los casos, trastornos afectivos o depresivos.

Por ello, el experto asegura que la salud pública afronta el reto de detectar ese riesgo suicida o ese trastorno afectivo a tiempo. Para poder hacerlo, hay que "tener conciencia de que ese problema existe", lo que, a su juicio, no sucede en España, donde no hay sensibilidad ni política, ni sanitaria ni social. Tras señalar que un 17% de los suicidas había visitado a su médico de cabecera el día en que puso fin a su vida "y no para hablar de ello", apuesta por abordar este problema como cualquier otro de salud pública.

A su juicio, esto incluye la formación de profesionales, la coordinación entre instituciones, la preocupación de todos los implicados (también fuerzas de seguridad o bomberos) y la adopción de soluciones arquitectónicas en espacios públicos. En este sentido, la ONG Teléfono de la Esperanza ha presentado, junto a UPN, una proposición no de ley en el Congreso para la creación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que genere un marco para crear planes autonómicos y dotación presupuestaria para su puesta en marcha y ejecución.

Anseán espera que su futuro no sea el mismo que el de la PNL que en 2012 presento UPyd y que "acabó en un cajón".