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A BABOR FRANCISCO POMARES

Vertidos

14/sep/17 6:14 AM
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Al final, las cosas son lo que parecen ser: la consejera responsable de Medio Ambiente en el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ofreció en el Parlamento regional los datos sobre vertidos en las costas canarias. 355 emisarios vierten aguas residuales al mar. De todos ellos, poco más de cien tienen autorización y casi 250 no la tienen, aunque de estos, hay 71 que la están tramitando. En Tenerife hay 146 vertidos, de los que 70 no tienen autorización y 19 están haciendo los trámites para obtenerla. En Gran Canaria la situación es un poco mejor: hay menos vertidos censados -109-, de los que 60 no tienen autorización, y 17 están en proceso de trámite. En el resto de las islas, la situación es similar, con mayores vertidos en Lanzarote y Fuerteventura que en el resto. Podría decirse sin faltar demasiado a la verdad que la situación es -en proporción- bastante parecida en todas las islas.

Los datos ofrecidos por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, parecen una exageración: solo algunas sociedades muy desarrolladas pueden presumir de tratar el 99 por ciento de las aguas residuales que vierten al mar, pero incluso si esa cifra récord fuera real en Gran Canaria, nadie sabe de dónde habría podido sacar los datos Morales, porque más del sesenta por ciento de los vertidos que se producen no están bajo control. No sería justo acusar a Morales de tener intención de mentir: probablemente lo que le ocurrió es que se le calentó el pico al enterarse de que una parte muy importante de las aguas grancanarias se depuran y se pasó un par de pueblos. Pero el hecho es que la responsabilidad de que existan vertidos incontrolados se reparte entre distintas instancias: Cabildos y ayuntamientos son los responsables de gestionar las plantas de tratamiento y depuración, pero los gobiernos de Canarias y de España son quienes deben tramitar la aprobación de los vertidos. En Canarias no se autoriza ningún vertido al mar que no incorpore depuración, pero eso no quiere decir que no se vierta agua sin tratar. De hecho, hay pueblos de las islas en los que -con depuradoras instaladas- el agua se vierte al mar sin depurar, porque las depuradoras no son operativas o han dejado de serlo.

Es sencillo plantear que no se tire agua no tratada al mar, pero las alternativas para no hacerlo no son fáciles: las aguas sucias no se puede almacenar "sine die": imaginen una isla plagada de gigantescas cubas de porquería que acabarían convirtiéndose en un gravísimo problema de salud pública. Tampoco puede verterse el agua no depurada en tierra o en pozos, porque podrían acabar contaminando la capa freática y el agua de consumo humano.

¿Qué se hace entonces con las aguas residuales? Pues tirarlas al mar lo más lejos posible de las costas. La solución al problema de los vertidos no es fácil, requiere de costosas inversiones y de una apuesta decidida por gestionar un problema que a los ciudadanos ha empezado a preocuparles solo como consecuencia de la afloración de cianobacterias y su pudrimiento en nuestras playas, algo que -además- no tiene nada que ver con los vertidos. Ojalá sirva esta mal llamada "crisis de las microalgas" para que tomemos todos conciencia de lo que hay que hacer. Aunque -visto lo visto- aquí lo que prima no es resolver los problemas. Es culpar a otro.