Beatriz L.P. sufre una seria discapacidad desde su nacimiento. Pero le ha sobrado energía para sobreponerse a todos los obstáculos que se le han presentado en la vida. A sus 43 años continúa luchando para acceder a documentación que le permita conocer, si fuera posible, a algún familiar biológico. Es una de las personas afectadas por lo que el colectivo Sin Identidad define como bloqueo de acceso a los archivos de muchos internos de la Casa Cuna de Tenerife.

Esta mujer, que reside y ha creado una familia en Gran Canaria, entró recién nacida en el citado organismo, "pero no sabemos cómo, porque hay dos versiones", aclara. Relata que "unos papeles dicen que entré por el torno, mientras que en otros documentos se indica que llegué de la maternidad, según manifestó personal de la Casa Cuna al centro San Juan de Dios de Las Palmas años después". Con apenas cinco años fue llevada a Madrid para ponerle unas prótesis. Regresó a Tenerife en el verano de 1979 y en 1980 fue llevada a la Ciudad de San Juan de Dios en la capital grancanaria.

En el nuevo centro, sus responsables descubren que Beatriz, seis años después de nacer, carecía de cualquier tipo de documento de identidad y estaba sin registrar, por lo que se le hizo una inscripción fuera de plazo en el Registro Civil. Solo poseía una tarjeta sanitaria con la dirección de la Casa Cuna. Y desde el centro de San Juan de Dios piden reiteradamente "papeles físicos" para hacer su certificado de discapacidad. Y para obtener la documentación acuden hasta un juez, ya que "la Casa Cuna daba largas".

Varios matrimonios intentaron adoptar a Beatriz, pero ella aclara que todas esas experiencias resultaron frustrantes y la inmensa mayoría de esas parejas eran "mayores". Pero hubo un matrimonio de Las Palmas con quien esta "niña de la Casa Cuna" sí se sentía bien y dicha familia la ha ayudado a desarrollarse como persona.

Beatriz recuerda que abandonó la Casa Cuna con 16 años. Indica que "me entregaron el DNI, el libro de escolaridad, el certificado de discapacidad y la tarjeta sanitaria". Asegura que ella seguía inscrita en la Casa Cuna hasta los 18 años, "sin tener derecho a becas ni ayudas".

Cuando fue mayor de edad comenzó a buscar sus orígenes. Pero hace 12 años que esa labor se convirtió en prioritaria. En 2005, por cuestiones de salud, los médicos necesitaban los antecedentes o historiales de su familia biológica. Lamenta que, a pesar de que se trataba de un asunto de salud, en la Casa Cuna le pusieron trabas. Beatriz aclara que esa negativa no era una novedad, ya que desde niña "te inculcaban que no te interesaras por buscar tu origen familiar", con frases como "no te preocupes por quien te abandonó". Asegura que, "a lo mejor, mi madre no sabe ni que sigo viva". Beatriz agradece a los colectivos Sin Identidad de Las Palmas y Tenerife la labor de búsqueda de nuestros familiares. Además, acepta que esas asociaciones la representen en cuestiones burocráticas, como la futura entrega de documentación por parte del Cabildo tinerfeño.

El viernes 8 de septiembre, representantes del colectivo Sin Identidad mantuvieron una nueva reunión con responsables del Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS), organismo que depende del Cabildo de Tenerife y que gestiona las instalaciones de acogida de menores donde en su momento estuvo la Casa Cuna. Los portavoces de Sin Identidad señalan que en dicho encuentro hubo "buenas palabras, pero no vemos hechos concretos". Advierten de que la corporación insular, a través del IASS, no ha cumplido con la directriz del Parlamento Europeo para que las administraciones públicas faciliten el acceso a los archivos con el objetivo de localizar a los familiares de "niños robados" o las víctimas de adopciones irregulares. Sin Identidad comenta que se ha enviado al IASS una cantidad considerable de escritos para pedir documentación personal de ciudadanos que buscan a sus familias biológicas. Y en los últimos meses también hay personas que residen en Gran Canaria, que en su niñez estuvieron en la Casa Cuna y que no conocen a padres o hermanos biológicos, como es el caso de Beatriz L.P. Una de las trabas administrativas que sufren dichas personas es que la documentación que les entregan deben recogerla personalmente, por lo que tienen que desplazarse obligatoriamente desde Gran Canaria si quieren obtenerla.