La visita de la reina a Tenerife redujo ayer la intensidad y el interés de las primeras horas del pleno parlamentario (salvo en lo relativo a la política de comunicación). La ausencia del presidente, Fernando Clavijo, y el traslado de las preguntas a él dirigidas a la reanudación vespertina contribuyó a ese debilitamiento de los intercambios. Sin embargo, y curiosamente propiciado por un diputado del partido del gobierno, Juan Manuel García Ramos (CC-PNC), la mañana dejó en la Cámara algunos datos sobre fuerzas de seguridad en Canarias que, según reconoció el propio Gobierno, preocupan al Ejecutivo desde hace tiempo y han dado lugar a que se cierre una reunión con el Estado para abordar el déficit de agentes el 13 de noviembre.
Aludiendo a datos publicados hace unas semanas por Canarias 7, García Ramos alertó de que, en la actualidad, hay un déficit de 1.075 funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según explicó, el catálogo de seguridad incluye a un total de 7.054 integrantes de ambos cuerpos, pero las vacantes por cubrir y el déficit han seguido aumentando hasta superar el millar.
Un dato que, a su juicio, es aún más alarmante si se atiende a que la Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que solo a este cuerpo le faltan entre 800 y 1.000 componentes en las Islas porque dicho catálogo solo responde a la población residente y obvia los 15 millones de turistas que visitaron el año anterior el Archipiélago, cifra que también continúa incrementándose cada año.
García Ramos recordó que ya ha preguntado varias veces por esta cuestión y le pidió a la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, que explicara las gestiones realizadas y si lo había abordado con la delegada del Gobierno, aparte de volver a plantear que los recursos estatales que no se están empleando para cubrir este agujero funcionarial, que se desvíen a la Policía Canaria para que se corrija una situación que considera muy relevante.
Barreto también resaltó el hecho de que se trate de una cuestión analizada varias veces en lo que va de legislatura, reconoció que les preocupa el déficit y que, tras pedirla en diversas ocasiones, el 13 de noviembre habrá una junta de seguridad con el Gobierno central para analizar las posibles soluciones a este problema. Es más, y lejos de reducir o matizar los datos, elevó el déficit en cinco efectivos más (están por cubrir 1.080 plazas) y explicó que, si bien en la provincia de Las Palmas hay muchos menos guardias civiles de los que debería, en la tinerfeña la situación se invierte y se requieren más policías nacionales.
Ante esto, y en su última intervención, García Ramos recordó que el país "está en el nivel 4 (de seguridad ante la amenaza terrorista tras los últimos atentados o intentos) y en Canarias vivimos del turismo (...): estos asuntos hay que tomárselos con muchísima seriedad", concluyó. Aludió así a un temor que, si bien se recalca que el mar refuerza la seguridad, no puede disiparse del todo.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, anunció ayer que se abre ahora un debate sobre el futuro del turismo y sobre si conviene o no reducir el suelo clasificado o esperar a que se desarrolle lo previsto. El jefe del Ejecutivo respondía así a una pregunta del líder de NC, Román Rodríguez, quien aludió a unas declaraciones del nuevo consejero de Turismo, Isaac Castellano, en el sentido de que debe limitarse el crecimiento turístico en función de las características de cada isla. Para Clavijo, se trata de un terreno en el que los distintos grupos pueden y deben entenderse, si bien indicó que nuevas leyes, como la del suelo y la de Islas Verdes, van en este camino, normas que NC y otros grupos no conciben así y rechazaron total o parcialmente. Asimismo, recalcó que en este ámbito se han hecho cosas positivas, con la etapa de Rodríguez como presidente incluida, toda vez que el suelo turístico clasificado en las Islas ocupa solo el 2% del total del territorio, pese a suponer más del 30% del PIB y casi el 35% del empleo.
El diputado de NC considera positivo lo que cree un cambio en CC y espera que se den avances en este sentido.
Clavijo también respondió a la presidenta del Grupo Socialista, Patricia Hernández, sobre calidad en el empleo. Enganchando con otra pregunta de Noemí Santana (Podemos), Hernández se centró, sobre todo, en el pliego de condiciones para contratar servicios de seguridad tras el cese de la empresa Seguridad Integral Canaria. La exvicepresidenta criticó la exclusión de las cláusulas sociales para primar el mejor trato posible a los trabajadores y Clavijo admitió que quieren quitar un párrafo del pliego para evitar que la empresa ganadora pueda alcanzar acuerdos a la baja con los trabajadores. Asimismo, mostró su preocupación por los empleados de la citada compañía, propiedad del presidente de la UD Las Palmas. Clavijo también resaltó los incentivos en la Seguridad Social que ha introducido para la contratación de jóvenes de 16 a 30 años, mayores de 45 años o mujeres víctimas de malos tratos (de hasta el 100%).
Sobre el nuevo presupuesto, le reprochó a Antona (PP) que el Gobierno central aún no les haya entregado las cuentas estatales para 2018 que se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros y remarcó que eso nunca ocurrió con las regionales, aparte de responder a Ruano (CC) que la expansión del autonómico se reflejará en compensaciones en el IRPF y en más recursos para Sanidad, Educación y área social.
En respuesta a ASG, el presidente volvió rechazar una bajada lineal del IGIC, advirtiendo de sus consecuencias para las administraciones, y avisó de que, si se sube el salario a los funcionarios, pueden tener unos 100 millones de euros menos para otras materias.
El PP advierte sobre el concurso en la RTVC
Durante el turno de preguntas del mediodía, destacó la de la diputada del PP Luz Reverón acerca de si se había solicitado un informe a los Servicios Jurídicos regionales sobre la legalidad o no de los pliegos del concurso de los Servicios Informativos de la RTVC. Reverón advirtió de las consecuencias de un proceso viciado o con dudas, pero la portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, esgrimió el artículo 5 de la ley de la cadena y recalcó que el ente no tiene adscripción funcional con el Gobierno y que se rige por el derecho privado. De ahí que reiterara varias veces su independencia respecto a las administraciones y afirmó que el presidente de RTVC se limitó a informar sobre el concurso urgente de los informativos para saber si había o no disponibilidad presupuestaria para eso.
Podemos vuelve a exigir el cierre de Mi Tierra TV
El diputado de Podemos y profesor en la ULL, Francisco Déniz, volvió a reclamar ayer al Gobierno "que cumpla la sentencia" y cierre cuanto antes la cadena Mi Tierra TV por ser incompatible con cualquiera que crea en la democracia y en el respeto al otro y la diferencia. Déniz recordó que esta cadena tiene impuesta una sanción de 500.000 euros, que es ilegal y que se caracteriza por su línea reaccionaria e insultante. Asimismo, afirmó que le consta una entrega de 6.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna a esta empresa cuando gobernaba Clavijo y le reprochó al alcalde portuense (PP) el patrocinio de una emisión sobre el valle de los caídos. José M. Barragán recordó los cambios de nombre de la emisora y su estrategia para driblar la ley, las sanciones y el cierre, por lo que pidió prudencia y escasas pistas de lo que hacen para no beneficiarla. Asimismo, recordó cómo le tratan a él para negar que CC la use para atacar a oponentes.
El consejero espera "un buen" Festival de Música
Josefa Luzardo (PP) volvió a reclamar cambios en el Festival de Música de Canarias y el nuevo consejero de Cultura, Isaac Castellano, se mostró convencido de que habrá una "buena" edición. Para ello, y si bien el PP confiaba en obtener datos del programa que se esperaba tener ya concluido, Castellano subrayó la relevancia del diálogo y, aunque admitió errores en el pasado, también remarcó los aciertos. Luzardo le instó a cambiar calidad por cantidad y a erradicar la última experiencia por romper la línea de éxito de más de tres décadas del festival, creando un agujero económico que ahora habrá que cubrir más allá de los 4 millones regionales habituales.