Los cuarteles de la Guardia Civil tenían encima de la puerta una frase que decía: "Todo por la patria". Mariano Rajoy y los secesionistas catalanes tendrían el mismo lema en su imaginario cuartel político. El presidente hizo de sus acampadas en el inmovilismo y los silencios estratégicos una manera de vivir. Tal vez por aquello de que más vale estar callado y parecer tonto que hablar y confirmarlo. Por eso cuando actúa asombra tanto.
Estos meses ha dicho mil veces: "El referéndum no se va a celebrar. Porque el referéndum es la liquidación de la voluntad mayoritaria de todos los españoles". Hacerse esclavo de estas contundentes palabras era asombroso para un tipo que en los diluvios políticos no se suele mojar ni los calcetines.
La gente que se inquieta pensando en el 1 de octubre como en una especie de espectáculo, una pelea en la plaza pública, se ha quedado de piedra con el "in crescendo" de las detenciones y actuaciones de los poderes del Estado en Cataluña. La mastodóntica maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha como una apisonadora y el Ministerio de Interior ha fletado hasta tres cruceros para alojar, en el puerto de Barcelona, más de 4.000 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. El asombro de los independentistas por la que les está cayendo es peripatético. ¿De verdad imaginaban que sólo ellos iban a llegar al límite? ¿Qué sólo ellos iban a poner toda la carne en el asador?
Ya hemos pasado el momento del postureo. El dueño de la finca ha salido con la escopeta y ha soltado al perro. Lo que va camino de los miembros de la Generalitat, la presidenta del Parlamento y cualquiera que haya vulnerado la ley es el poderoso acorazado de las responsabilidades penales y pecuniarias. A los que no trinquen por el cogote los cogerán por el bolsillo. El inmenso poder del Estado -y todos los Estados se mantienen por el poder- se ha puesto en marcha. Se ha cerrado el grifo del dinero y se aprieta el dogal de la legalidad. Y esto es solo el principio.
Los secesionistas son suficientemente listos como para saber que su convocatoria va a resultar un desastre. Cabría deducir entonces que persiguen algo más que un día de votaciones, más o menos exitosas. Buscan un choque frontal contra la policía, con el mayor grado de virulencia posible. Los acontecimientos van derivando a que el primero de octubre no se celebre un referéndum, sino una gigantesca protesta callejera entre quienes quieren romper el modelo de Estado y el Estado mismo.
Quienes mantienen la equidistancia, repartiendo la razón entre las partes, están justificando que algunos incumplan la legalidad. Están poniendo la política por encima de la ley. A eso se está aferrando el Gobierno de Rajoy con un inquebrantable discurso. Todo por la patria. Pero por encima del Estado nada. A los independentistas catalanes sólo les queda la movilización y la protesta callejera. Es decir, les queda un camino que casi siempre acaba en la violencia.