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El alquiler vacacional se cuela en la estrategia de vivienda pública

La Consejería prepara un plan "insularizado" para "dar respuesta a distintas realidades" El aumento de los arrendamientos en algunas islas hace que las ayudas "no sirvan".
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
23/sep/17 6:16 AM
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El alquiler vacacional se ha colado en el debate sobre el nuevo Plan de Vivienda de Canarias. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda quiere plantear hojas de ruta insularizadas para responder a las necesidades de cada territorio, pero en los debates iniciales con los cabildos sobre la futura estrategia ya se ha puesto sobre la mesa cómo está incidiendo este fenómeno en el acceso a la vivienda. Afecta a familias de clase media, pero también a solicitantes de ayudas al alquiler -cuyas cuantías no son suficientes en algunos territorios donde los alquileres se han disparado- y a la propia Administración -que no tiene capacidad económica para adquirir promociones de viviendas en islas donde el alquiler vacacional ha cambiado las reglas del juego-.

"En algunas islas, el aumento de los alquileres ha hecho que las ayudas al alquiler que damos a personas en situación de vulnerabilidad no sirvan y que tengamos que revisar lo que hacemos para ver si las personas que están en un territorio donde los alquileres no tienen nada que ver con otro, pueden contar con alguna otra ayuda que les permita conseguir una vivienda", explicó ayer en el Parlamento la consejera del área, Cristina Valido, para evidenciar las enormes diferencias entre islas.

La responsable insistió en que todavía queda mucho camino para que el nuevo plan de vivienda esté ultimado, pero avanzó los pasos que está dando su equipo. "Estamos hablado con los cabildos para hacer una primera propuesta y hablar luego con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios para que sea la base de un nuevo Plan Canario de Vivienda".

Valido subrayó que "el alquiler vacacional que está condicionando mucho acceso a la vivienda, no solo de gente sin recursos sino también de familias medias que nunca serían beneficiarias de estas ayudas". Esa situación obliga a que distintas consejerías trabajen de manera coordinada.

Con respecto a las actuaciones para incrementar el parque público -compuesto en la actualidad por 15.000 viviendas-, Valido apuntó distintas fórmulas. "Hay islas donde vamos a sacar una convocatoria para adquirir vivienda y otras donde hace dos años las promotoras pedían a la administración que les comprase y ahora no les interesa porque el alquiler vacacional les ofrece una salida fantástica a cualquier fondo de inversión".

La consejera puso como ejemplo a las islas orientales. "Adquirir viviendas en Fuerteventura se ha vuelto complicado, no porque haya o no, sino porque los precios que piden son de locos y una administración no puede pagar eso".

La estrategia "no se ha empezado a diseñar, y no quiero decir que esté condicionada por esto, pero ya hemos dicho a la Fecam y a la Fecai que en Fuerteventura y Lanzarote necesitamos suelo, porque si no vamos a poder adquirir vivienda vamos a tener que construir para poder meter en el mercado más vivienda de protección oficial".

El sistema de dependencia en Canarias necesita más infraestructuras para atender las demandas de la población mayor, que no deja de crecer y requiere cada vez más servicios, expuso ayer la consejera Cristina Valido. Hay islas -dijo- donde apenas existen posibilidades de concertar plazas y hay que construir nuevos espacios "para poder dar respuestas al proceso de envejecimiento".

La responsable del área hizo un análisis del sistema y defendió su gestión y la de su equipo, pero pidió tiempo para que se vean los resultados del trabajo y la inyección de dinero. Modificar el sistema, incluyendo a ayuntamientos y cabildos, transformará la dependencia en las Islas -subrayó- y eso tendrá efecto sobre la vida de las personas.

Aseguró que el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos llevan "años trabajando por separado, cada uno con sus planes, su estrategia y su financiación, sin dar una respuesta conjunta", reconoció Cristina Valido, y por eso la Comunidad Autónoma "llega diez años tarde" en la organización del servicio como se hace en el resto de comunidades autónomas. En otros lugares las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos "forman parte del mismo equipo", de manera que las entidades locales agilizan los trámites de reconocimiento del programa individual de atención de cada dependiente (PIA) y aportan informes sociales que en Canarias retrasan el trabajo de la administración autonómica, señaló.

Durante sus intervenciones, Valido y la diputada popular Pepa Luzardo mantuvieron un acalorado cruce de declaraciones a cuentas de las cifras de beneficiarios. Desde hace meses, los datos de la Consejería no cuadran con los del Imserso. Canarias alega problemas informáticos, pero el Grupo Popular no los comparte.