Los accidentes en el trabajo que requirieron baja entre enero y julio del presente año sumaron 14.041, frente a los 787 detectados el pasado año, según los datos ofrecidos por UGT en el Archipiélago. La inmensa mayoría de estos casos, 13.942, tuvo un carácter leve en 2017. Los hechos graves o muy graves ascendieron a 87 en los primeros siete meses del actual ejercicio, frente a los 15 en el citado periodo del 2016. Y hasta finales de julio se contabilizaron 12 accidentes mortales, justo el doble de los detectados en el mismo periodo del año pasado. Y tan solo una menos que en todo el 2016.

Excepto en la agricultura y la pesca, donde se ha registrado un descenso del 3 por ciento, la siniestralidad ha crecido en el resto de sectores. Así, por ejemplo, subió un 3,3% en la Industria, un 6,27 en la Construcción y un 6,64 en Servicios.

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, asegura que la "siniestralidad laboral" es un "tema sobre el que hemos firmado un acuerdo el Gobierno de Canarias, las patronales y los sindicatos más representativos" para seguir potenciando la prevención de riesgos laborales de forma coordinada y tratar de rebajar todos los índices de accidentes en el trabajo y mortalidad.

Según Santana, esas cifras han ido al alza en los últimos años, "posiblemente porque en el periodo de crisis las empresas han aprovechado para recortar, precisamente, en aquellas políticas de prevención de riesgos laborales".

"Pensamos que estas acciones deben recibir un impulso, sobre todo cuando el crecimiento económico, sobre todo en inversión pública, va a estimular que en sectores en los que hay cierta peligrosidad, como el de la construcción, va a haber un índice mayor de contratación y, por ende, van a subir también los índices de riesgo de accidentes laborales e, incluso, de muertes en el trabajo", señala el líder sindicalista. Gustavo Santana apuesta por emprender campañas en materia de "riesgo psicosocial". Opina que "hay muchos empresarios que han aprovechado la crisis para infundir miedo o sobrecargar las plantillas y eso repercute de forma negativa en los riesgos psicosociales de los trabajadores". Para Santana, "hay muchas bajas por ansiedad, estrés y depresión". Señala que, ante este tipo de cuestiones, se debe iniciar una cultura preventiva y "la formación de los empresarios es fundamental". Tales problemas repercuten negativamente no solo en el propio afectado, sino en la salud pública de toda la sociedad, porque si un trabajador tiene una enfermedad profesional, al final esta acaba repercutiendo también en su familia". El responsable de UGT en el Archipiélago advierte de que "el consumo de antidepresivos y ansiolíticos ha crecido de forma muy considerable en el periodo de crisis".

El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, explica que en seguridad privada existe una práctica empresarial por parte de la patronal en la que está inmersa Seguridad Integral Canaria (SIC), con otras sociedades, que consiste en presentar ofertas de bajo coste en los concursos convocados por las administraciones a los que se presentan, en detrimento de lo que está establecido en el convenio sectorial en materia salarial. Santana recuerda que hay sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de otras comunidades autónomas que ya han puesto freno a esa práctica, "pero como jurídicamente esto depende de cada comunidad autónoma, aquí siguen alargando los plazos, deprimiendo los salarios de los trabajadores y aplicando los convenios de empresa, con sueldos a la baja". Para este líder sindical, los empresarios "saben que con eso ganarán tiempo; tarde o temprano la Justicia vendrá a decirles que están realizando una práctica al margen de lo que es el convenio sectorial, pero su estrategia se sustenta en tener mayores beneficios empresariales a costa de los salarios".

Según Santana, "esto lo saben todas las instituciones públicas de Canarias y deberían tenerlo en cuenta a la hora de que estas empresas concurran" a las licitaciones de servicios de vigilancia de centros. "Estamos reclamando una serie de cláusulas sociales para que aquellas empresas que sean beneficiarias" de las adjudicaciones "respeten los convenios sectoriales" y no aplicar los convenios de empresa, apunta Santana. El líder de UGT señala que "ganan tiempo y esperan que los sindicatos presentemos las demandas, porque si tardan uno, dos o tres años en resolverse, siempre tendrán beneficios empresariales, porque la aplicación de la norma solo tiene un año con carácter retroactivo".