En unas intensas semanas de críticas, debates, mezcla (o vinculación) de asuntos, pero, en el fondo, aparente concienciación política y ciudadana por el futuro ambiental de las Islas, las ya célebres microalgas o cianobacterias han permitido poner en primer plano el saneamiento, la calidad de las aguas, los vertidos al mar y la gestión de los residuos en Canarias.

En un carrusel que promete prolongarse, ojalá que con resultados palpables en la práctica, el Parlamento regional ha abordado en septiembre estas cuestiones muchas más veces y con más interés y pasión que en todo el mandato junto y un buen ejemplo es la nueva comparecencia (el pasado miércole y a petición propia) de la consejera de Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, para detallar cómo se encuentra el programa de sellado de vertederos de residuos sólidos ilegales emprendido desde 2015. Un plan que, según explicó, continúa a buen ritmo y cumplirá su plazo para eliminar estos puntos negros en diciembre de 2018.

Sin esconder la complejidad que entraña esta empresa, sobre todo en lo que respecta al desbloqueo administrativo de los vertederos que tienen un expediente de sanción por incumplir la normativa de residuos, Barreto subrayó que ya se han sellado definitivamente tres, clausurado otro (el de Montaña Los Giles, en La Laguna) y aclarado las circunstancias legales de uno que, al final, sigue operando por tratarse de una actividad permitida de minería y gestión de residuos (justamente el de Hoya de la Yegua de Arriba, en Yaiza, al sur de Lanzarote).

Con estos cinco resueltos, los 24 vertederos contabilizados en 2015 por el Gobierno regional se quedan en 19, dos menos de los 21 que, en 2006, originaron una sanción de la UE a España junto a otros de la Península (hasta un total de 61). Una multa que, finalmente, derivó en una sentencia condenatoria al país del Tribunal Europeo de marzo de este año.

Sobre estos pendientes, y con un presupuesto global de 11 millones cofinanciado por la UE, el panorama es el siguiente: la Dirección General de Protección de la Naturaleza se encarga de los que no tienen sanción específica en Canarias, que suman 8 (con dos unificados), y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) se ocupa de otros once en función de la titularidad del suelo y de haber sido expedientados. La consejería le ha dado prioridad a los más complejos administrativamente y que requieren mayor desembolso económico y, en estos momentos, la Dirección aún tiene en fase de contratación el de Barranco del Carmen, en Santa Cruz de la Palma.

En Gáldar (Gran Canaria), este organismo ha unificado en un mismo proyecto los de Cueva Lapa y Costa Botija, pero son de los más retrasados y problemáticos desde el punto de vista burocrático porque aún no se ha firmado el convenio con el ayuntamiento, si bien la consejera espera resolver el último borrador en octubre y adjudicar entonces un sellado que necesita 1,5 millones de euros y que, sin embargo, no es muy difícil en la parte técnica pese a las 22 hectáreas que ocupan.

La Dirección gestiona también tres vertederos de El Hierro. En concreto, el de Faro de Orchilla (El Pinar), que ya cuenta con encomienda, que tiene un presupuesto de 490.000 euros y que no es muy complejo técnicamente. En el caso de Valverde, se está concluyendo el sellado del de Montaña del Tesoro, cuya actividad comienza en 1999, que ocupa 20.000 metros y al que se han destinado 1,6 millones en colaboración con los fondos Feder. Asimismo, ya se ha celebrado la mesa de contratación para el de Los Llanillos (en La Frontera), si bien sus dimensiones son más pequeñas y requiere 226.000 euros.

Los de la Dirección se completan con el de Lomo Alto, en el municipio palmero de Fuencaliente, que cuenta con 1,7 millones y que ya se publicó en el boletín, así como con el de Montaña Amagro, en Gáldar (Gran Canaria), del que se ha desbloqueado su convenio, que se publicó en julio y que tiene un millón de presupuesto.

En cuanto a los de la Agencia, sus procedimientos se complican por los expedientes, la necesidad de reponer la realidad física alterada y por requerir encomiendas. No obstante, la mayoría tienen el proyecto encaminado y se sabe cómo se ejecutarán, como pasa con el del Barranco Jurado, en el municipio palmero de Tijarafe, que ocupa 4.330 metros y que necesita 451.000 euros. También le ocurre al de El Altito, en Valle Gran Rey (La Gomera), uno de los más retrasados. En esta misma Isla, pero ya en Hermigua, se sitúa el de El Palmar-Taguluche, al que se destinarán 71.000 euros; en Alajeró, se eliminará el del Paraje de Juan Barba con 635.000 euros y, en Agulo, los trabajos se centrarán en Punta Sardina, con un total de 176.000 euros de presupuesto.

Otro de los retrasados por la reposición es el de La Colmena, en Santiago del Teide (Tenerife). También en esta Isla se sitúa el de Llano de Ifara, en Granadilla, para el que se han reservado 518.000 euros. En Fuerteventura, se sellará el de Tiscamanitas (en Tuineje) con 300.000 euros y el de Lomo Blanco (Antigua, con 68.883). Además, se cerrará el de Montaña Negra, en Puntagorda (La Palma), para lo que se prevé 642.000 euros.

Un mapa de puro incivismo que afectó a todas las Islas y que se disipará en poco más de un año.

De los vertederos incontrolados e ilegales, ya se han sellado el existente en Arure-Llano Grande, del municipio gomero de Valle Gran Rey. Para ello, se destinaron 116.012 euros, de los que 98.610 procedieron de los fondos Feder de la UE. También se cerró el de Buthiondo, en Pájara (Fuerteventura), cuyo coste de restauración fue de 2,2 millones, con 1,9 de la UE, y el del barranco de Tejina, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, trabajos que supusieron un desembolso de 220.000 euros.

En su comparecencia, Barreto subrayó el esfuerzo de cada Isla para ponerse al día en este ámbito y el hecho de que, ya desde 1995, con el primer plan de residuos de Canarias, pero, sobre todo, desde el año 2000, con la ley y el segundo plan, el Archipiélago intensificó la lucha contra la proliferación de estos vertederos. En este sentido, y aunque se ha tardado en desarrollar este programa de sellado, la consejera resaltó la creación de puntos limpios, plantas de transferencia y complejos ambientales, con más de 160 millones regionales y de la UE. Una inversión que se distribuyó así: Gran Canaria (45), Tenerife (43), Lanzarote (17), Fuerteventura (12,5), La Palma (11,5), El Hierro (4,5) y La Gomera (3,5).