Hace ya años, en enero de 2009, doña Ángela Mena -consorte presidencial- logró pasar a la historia conventual de esta región por gastarse una pasta como actora responsable del "affaire" de las escobillas limpia-retretes de la residencia del presidente en Las Palmas de Gran Canaria. Fue una de las historias más bufas del Paulinato, que acabó convirtiéndose -por decisión del propio Rivero- en el primer asunto declarado legalmente "secreto oficial" por la administración regional. La declaración de asunto "secreto" no impidió que se supiera que la señora Mena se empeñó en reformar tanto el chalé grancanario de la calle Camilo Saint-Saëns -domicilio oficial del presidente- como el despacho de su marido. Fue ella la que decidió cómo sería el arreglo y a quién se adjudicaría, quien eligió los tonos grises de las cortinas del despacho (explicó a todo el mundo que Rivero necesitaba un ambiente "zen-shui" -no es coña, dijo "zen-shui"- para sobrevivir a su agitada vida), y fue ella la que decidió tonos y materiales de los baños y aseos del chalé, incluyendo la elección personal de las escobillas más famosas del mundo mundial, las que han limpiado durante todos estos años los restos de deposiciones presidenciales al módico precio de 700 euros por mango.

Lo que no se supo entonces -porque el expediente de contratación fue declarado secreto- es cómo pudo ocurrir que la licitación se anunciara en el Boletín Oficial de Canarias después de que las obras de restauración, decoración y escobillado de lujo hubieran terminado. No creo que eso sea culpa de doña Mena, pero a lo mejor me equivoco: no conozco muchos casos en los que primero se hace la obra y luego se adjudica. Mucha confianza debía de tener el contratista en quien le encargó aquel trabajo por 280.000 euritos de marras, para acometer la reforma antes de que se hubiera contratado. Si no me equivoco, la Administración no puede hacer obras sin contrato, y no puede contratar sin algún tipo de licitación previa, generalmente por la vía del concurso. Nada de eso ocurrió entonces, y supongo que porque nada de eso ocurrió, es por lo que el expediente fue declarado secreto.

Afortunadamente, las cosas cambian: hoy todo pasa por el Boletín Oficial. El del pasado día 12 publicó el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de cesión de uso de la residencia del presidente en Vistabella (el famoso palacete de la calle San Juan de Dios de Santa Cruz de Tenerife) para que sea usado por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Mantener el inmueble para uso presidencial no tiene sentido: el actual presidente reside en La Laguna, pero si fuera de otra isla, dispone en la sede de la Presidencia en Tenerife de un pequeño apartamento más que suficiente. Y además la moral pública tiende a cambiar.

No es que seamos Dinamarca (queda mucho para eso), pero produce cierta satisfacción pensar que en poco menos de diez años, en algunos ámbitos de lo público se ha pasado del despilfarro autocomplaciente a la socialización de los recursos. La única pena es que hayamos tenido que soportar dos lustros de crisis y penurias para que eso ocurriera.