La "confusión, fraude, competencia desleal o engaño" que se produce por la venta de aloe vera y de sus productos derivados como si fuera canario alcanza los 21 millones de euros, según los cálculos del Gobierno de Canarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, considera que la manera efectiva de luchar contra este engaño es promover la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para este producto, un distintivo que otorga la Unión Europea a petición de los productores.

Sin embargo, esta declaración de la Indicación Geográfica Protegida se puede demorar al menos un año, puesto que se acaba de solicitar.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, Quintero ha dicho que el mayor engaño a los consumidores se produce en los productos envasados etiquetados como aloe vera canario que se destina para uso farmacéutico o estético.

Legalmente, con solo contener un 5% de esta planta producida en Canarias se puede poner en la etiqueta que "contiene aloe vera canario".

"La calidad del aloe vera canario es mucho mayor" que la del producido en el resto de Europa, dijo el consejero, así que el problema de esta práctica es "el desprestigio" que sufre la producción local.

Quintero denunció que el aloe vera fraudulento ya ni siquiera se importa en polvo y se envasa en las islas como ocurría antes, sino que ahora ya se importa el producto envasado y etiquetado porque sale más rentable.

Ese producto importado de inferior calidad se vende al mismo precio que el canario con un coste cuatro o cinco veces inferior, denunció el consejero.

Quintero señaló que su departamento está asesorando a los productores en el proceso de solicitud de la Indicación Geográfica Protegida, que será la herramienta que permitirá luchar contra el fraude tanto en la producción como en la elaboración industrial posterior que es la que más valor aporta.

El aloe vera canario, muy reconocido en Europa, es muy importante para la diversificación agraria e industrial canaria, insistió Narvay Quintero, quien confió en que a finales de año el Parlamento Europeo apruebe finalmente la modificación de las ayudas al Posei para incluir este producto.

La ayuda propuesta de Posei se destinaría, de momento, a la hectárea cultivada precisamente por la dificultad de controlar la comercialización del producto mientras no exista la Indicación Geográfica Protegida.

Una vez en vigor la IGP, la ayuda pasaría de repartirse en función de la comercialización y no del consumo.

La ficha financiera sería de unos 300.000 euros para las 54 hectáreas actualmente en producción, distribuidas en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, ampliable hasta los 600.000 euros si se extiende el cultivo hasta las 104 hectáreas que según el Instituto Canario de Estadística hubo en explotación.

Todos los grupos parlamentarios destacaron la gran importancia de este cultivo para diversificar la agricultura y la industria canaria y mostraron su preocupación por el fraude que existe.

La diputada del PP Cristina Tavío, quien había solicitado la comparecencia del consejero para tratar de este asunto, señaló que la facturación del aloe vera en Canarias alcanza los cuatro millones de euros anuales y genera cien empleos directos y quinientos indirectos.

Tavío reclamó una intervención más activa de la Dirección General de Comercio y Consumo para verificar el etiquetado de los productos envasados así como la agilización en la declaración de la IGP.

"El aloe vera tiene buenas perspectivas, pero hace un empujón institucional", dijo Cristina Tavío.