El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado libertad provisional con medidas cautelares para el periodista turco-sueco Hamza Yalçin en tanto se resuelve la petición de extradición emitida por el Gobierno de Turquía a través de la Interpol, según han informado fuentes jurídicas.

El periodista llevaba en prisión desde el pasado 3 de agosto, cuando fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en virtud de una orden internacional de detención emitida por Ankara. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le ha puesto en libertad pero ha decretado comparecencias semanales y le ha retirado el pasaporte para evitar que pueda salir de España mientras se resuelve la petición de extradición.

Según explica la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que representa a Yalçin de forma gratuita a través del despacho de abogados ILOCAD, en el escrito de solicitud de libertad provisional sus abogados destacaban "la patente ausencia del requisito de doble incriminación, su condición de refugiado o asilado y la existencia de un riesgo cierto de que, de ser extraditado, sea sometido a torturas, a un proceso carente de las mínimas garantías del derecho de defensa y a un trato inhumano o degradante".

"Los hechos a partir de los cuales las autoridades turcas afirman la ''pertenencia a grupo terrorista o criminal'' del señor Yalçin son de todo imprecisos y carecen de sustento fáctico, cuando no incurren en contradicciones, siendo lo único cierto que el señor Yalçin, en tanto que su profesión es la de periodista, escribe artículos con el fin de desarrollar su deber de informar verazmente y con libertad de opinión", señalaba la defensa.

Para la fundación que dirige el exjuez de la Audiencia Nacional, "la orden de detención internacional emitida por las autoridades turcas no es sino manifestación de una situación de persecución política de los periodistas opositores del actual régimen turco", por lo que insistía en su escrito en que los hechos por los que las autoridades turcas requieren la extradición son "de naturaleza estrictamente política" y "atentan contra su libertad de expresión".