La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su preocupación con la financiación que la nueva ley de cámaras que tramita el Gobierno canario contempla para estas entidades. El presidente de la Cámara de la provincia, Santiago Sesé, considera que la norma, tal y como está redactada actualmente -se encuentra en fase de anteproyecto-, genera "una situación de incertidumbre total sobre la viabilidad" de la institución.
La Cámara tinerfeña lamenta que la Consejería de Economía del Ejecutivo regional no haya recogido sus alegaciones para que la nueva ley -que adapta la normativa canaria a la ley básica del Estado- prevea una consignación anual para cubrir los gastos de funcionamiento de estas corporaciones de derecho público. "¿Cómo es posible que la ley nos asigne un servicio público y no se nos proporcionen los recursos para poder prestarlo?", se preguntó ayer Sesé.
La supresión de las cuotas que pagaban las empresas de forma obligatoria a las cámaras -decretada por el Gobierno central- ha disminuido los recursos con los que cuentan estas entidades y las ha forzado a apretarse el cinturón. En este sentido, Santiago Sesé defiende el "esfuerzo" realizado por la institución que preside, cuya plantilla ha pasado de 58 a 25 trabajadores "para dar cobertura a cuatro islas" (la de Santa Cruz de Tenerife es la única cámara de comercio con carácter provincial del Archipiélago). "Es posible que hace unos años hubiera unas cámaras con un perfil distinto y mucho presupuesto, pero hay que situar las cosas en el momento en que estamos", argumenta Sesé. "Lo que estamos pidiendo es lo mínimo".
El presupuesto de la entidad tinerfeña ha caído desde 6,5 a 2 millones de euros, indica su presidente, que remarca que casi el 90% de los fondos que recibe provienen de la Unión Europea. "Es verdad que el Gobierno de Canarias nos da recursos para servicios que estamos ofreciendo, como promoción económica, pero también son en su mayoría fondos europeos", insiste.
La dependencia de los recursos procedentes de la UE pone sobre la mesa otro problema al que se enfrenta la Cámara: la necesidad de prefinanciar. "¿De dónde vamos a sacar el dinero para anticipar esos fondos?", se pregunta Sesé.
Los dirigentes camerales han mantenido reuniones con los grupos políticos para tratar de que el proyecto de ley que finalmente vote el Parlamento sea modificado, no solo para incluir esta vía de financiación básica, sino para atribuir nuevas funciones a estas entidades.
El Gobierno apuesta por su "pervivencia"
La directora general de Comercio del Gobierno canario, Ángeles Palmero, recordó ayer que la nueva ley de cámaras que tramita el Ejecutivo no supone "ampliar o suprimir nada", sino solo adaptar la norma autonómica a la nacional, un proceso que ya arrastra un retraso de más de dos años y que ahora se hace más urgente dada la proximidad de los procesos electorales de estas entidades. Palmero asegura que la Consejería de Economía "trabaja para la pervivencia y consolidación" de estas instituciones, pero que es necesario que estas sean "más eficientes" y mejoren sus resultados.
El Gobierno defiende las inyecciones económicas que destina a las cuatro cámaras de comercio de las Islas -la de Santa Cruz de Tenerife, de ámbito insular, y las de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, insulares-: 1,07 millones en 2016 para la ejecución de diferentes programas y, en 2017, 60.000 euros para gastos de funcionamiento.
Sobre esta última partida -prevista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma-, Palmero afirma que no se ha conseguido que las cuatro entidades se pongan de acuerdo en los criterios de distribución, por lo que han tenido que emplear los mismos parámetros que utiliza Cámaras de España para repartir los fondos que destina a las distintas entidades camerales, basado en el número de empresas a las que atienden.
La directora general añade que su departamento ha solicitado a las cámaras que cuantifiquen y detallen sus gastos de funcionamiento para calcular las cantidades necesarias para atenderlos. Ya lo han hecho, pero el Gobierno sostiene que hay "coasas que no están bien reflejadas en esa documentación". "Lo que no podemos hacer es poner una partida a ciegas", advierte Ángeles Palmero.