"Lo único que pretende esta parte, aún a riesgo de inmolarse, es que se continúe la tramitación del procedimiento conforme a las determinaciones del pliego y se adjudique cuanto antes el contrato a la que resulte ser la mejor oferta". Esa es parte de la premonitoria conclusión que recoge el escrito que, el pasado 12 de septiembre, envió Auna Consultores, una de las empresas que participaron en el concurso público puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para rehabilitar el Templo Masónico de la capital.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, resume los pasos de un proceso que comenzó hace unos dos años y que, no sin polémica, culminó, al menos en principio, el pasado viernes con la última decisión tomada por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo: el desestimiento del procedimiento de licitación del contrato para la redacción del proyecto de restauración, debido a los "vicios de nulidad" que concurren por haberse infringido el principio de igualdad en la valoración de las ofertas.

En el escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo de la capital, presidida ahora por la concejal del PP Zaida González, la licitadora solicitaba que se tuvieran en cuenta las "advertencias" formuladas a fin de "limpiar" el procedimiento, conforme al deber de velar por la legalidad de las actuaciones en materia de contratación pública en el marco de la Unión Europea.

También demandaba que el órgano de contratación debía acceder a designar, "de una vez por todas", un verdadero comité de expertos aptos para cumplir las funciones que la ley y el pliego de condiciones de la licitación le tenían encomendadas para elegir la mejor oferta técnica.

Y pedía que se diera audiencia a los licitadores para darles "cumplida información" de lo actuado, y de cómo se iba a proceder "en adelante".

Pero, ¿qué motiva esta situación? Siempre según el relato del documento citado, las primeras dudas surgieron el 19 de enero de 2017, una vez que se conocieron las puntuaciones del comité de expertos creado al efecto y su justificación. La empresa en cuestión reclamó la valoración del sobre 2, al entender que no se había tenido en cuenta el "esfuerzo significativo" de incluir en la oferta a una serie de expertos en la materia.

Esa reclamación derivó en la suspensión, por parte de la Mesa de Contratación, del sobre 3, y motivó la solicitud de un informe técnico a dos arquitectos de la Gerencia para completar y suplir aquellos aspectos "deficientes" que reconoció un dictamen emitido por el primer comité de expertos que se constituyó.

Casi dos meses más tarde, el 17 de marzo, se convocó de nuevo una Mesa de Contratación en la que se puso de manifiesto que la valoración de los dos arquitectos municipales no se podía sumar al procedimiento y se advirtió, incluso, de que el acto de constitución del comité de expertos era recurrible y anulable.

Es más, en esa sesión, una de las licitadoras se proclamó "vencedora" del concurso y se mostró contraria a las intenciones que planteaba la citada mesa en relación al controvertido sobre 2 (retrotraer la actuación a su inicio).

Este comportamiento generó que tanto Auna Consultores como la UTE Techne Proyectos y Arquitecturas Tenerife solicitaran un informe sobre el incumplimiento de los pliegos por parte de la "vencedora". Ese documento, elaborado por una arquitecta municipal, confirmó en junio, en una nueva Mesa de Contratación, estas sospechas y determinó que solo las dos empresas citadas cumplían íntegramente el pliego de condiciones.

En esa cita de la mesa se acordó, además, el nombramiento del segundo comité de expertos, aunque no se comunicó a los licitadores hasta el 31 de julio, cuando el procedimiento estaba ya casi muerto.

En resumen, el "nuevo comité" lo conformarían los mismos miembros del primero, pero con la novedad de la incorporación de dos arquitectos: Federico García Barba y José Ángel Afonso Tosco.

Tras varios intentos fallidos, este segundo comité logró el quórum necesario el 27 de julio y acordó, por un lado, no entrar a valorar las ofertas conforme exigía el pliego y la Mesa de Contratación, y, por otro, propuso anular la licitación. Del grupo había dimitido ya Jesús Soriano Carrillo, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo 33 del último rito escocés aceptado.

Auna Consultores defiende que un comité de expertos es "únicamente" un órgano asesor de carácter técnico, cuya participación se dirige a garantizar la elección de la mejor oferta mediante la valoración de los criterios "subjetivos". Es decir, ni precio ni plazos. Por ello, considera que "no parece razonable ni legal" que el comité de expertos supla a la Mesa de Contratación y le señale el desestimiento sin que concurra ninguna causa de interés general que la motive.

Es más, subraya que plantear la posibilidad de una nueva licitación "conculcaría los principios que rigen una competición de este nivel donde se disputan unos honorarios de 140.000 euros".

Y concluye que "acabar desistiendo de esta licitación pública para posteriormente orquestar un encargo el margen de la Ley de Contratos Públicos, mediante un convenio con los masones, sería desde luego no solo un fraude de ley, sino también un posible delito perseguible judicialmente".