"Me gustaría citar a un filósofo y escritor norteamericano del siglo pasado, Erick Hoffer: Normalmente solo vemos lo que queremos ver; tanto es así, que a veces lo vemos donde no está". Fue parte de la conclusión del abogado Ladislao Díaz, defensor de Víctor Reyes Delgado, exsecretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, en referencia al delito de certificación falsa que la fiscal, Carmen Ávila, mantuvo, con petición de pena de dos años de suspensión en el denominado caso Parque Marítimo II que ayer vivió su cuarta y última sesión. La primera parte había concluido, tras las declaraciones de ambos, con la retirada de la acusación a los arquitectos y técnicos del Servicio de Planeamiento y Gestión, Elías Medina y Elena Pérez de Ayala.

Medina inició el turno de declaraciones y lo siguió su compañera y subordinada entre 2007 y 2010, cuando se desarrollaron los hechos juzgados estos días. Ambos ratificaron lo planteado por sus defensores y avalaron en buena medida los peritos. Que todo se trató de un error o más bien de una serie de equivocaciones y en ningún caso de una falsificación documental por la que les pedían tres años de prisión a cada uno.

Cuando acabaron de declarar, la fiscal anunció su decisión de retirar las acusaciones y también la de falsificación documental a Reyes (le pedía otros tres años de cárcel), a quien mantiene la de certificación falsa. Pérez de Ayala rompió a llorar al salir de la sala y Medina quedó aliviado. Por contra, Reyes tuvo que afrontar en solitario la segunda parte de la jornada.

La fiscal concluye que Reyes estaba "por encima tanto de la parte jurídica como de la técnica" en la Gerencia, cuyo funcionamiento, aunque no era lo que se juzgaba, cuestionó con "desaciertos de todo tipo" al margen de carencias materiales expuestas.

Aseguró que la petición de pena (dos años de suspensión) responde a que el acusado "era el que firmaba al final lo que se enviaba y no vale decir que eran muchos documentos; era su responsabilidad y no tuvo el suficiente celo" para "cotejar" los distintos documentos del Estudio de Detalle de los ámbitos B y C del Parque Marítimo ante los requerimientos del TSJC cuando "estaba en riesgo el prestigio del Ayuntamiento de Santa Cruz. Se envió un documento a la Sala que no era el aprobado". Criticó el defecto en la correcta custodia de los documentos.

Díaz tomó cono hilo conductor la frase inicial para asegurar que echaba en falta la presencia en el banquillo de algunos funcionarios de la Gerencia. Recalco la utilización del pronombre "algunos" porque "los que estaban sentados no eran los que tenían que estar sentados". En su alegato insistió en la cantidad de documentos que debía firmar Reyes, para lo cual era imprescindible un equipo que cotejara, "como ocurre con los letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales, cuya labor me toca de cerca".

Acabó un juicio cuyos tiempos ha delimitado milimétricamente el presidente del tribunal, Jaime Requena, siempre al quite a la hora de aclarar o puntualizar.

El caso Parque Marítimo I quedó archivado y el supuesto delito inicial de prevaricación se quedó por el camino como la acusación popular, diseñada por el abogado Felipe Campos, que renunció para no pagar fianza.

Sin embargo, volvió a planear estos días el posible trato de favor para dar licencia a los negocios de comida rápida, padel y lavado de coches que estuvieron ubicados en ese ámbito del Parque Marítimo. O los sucesivos arrendamientos del uso y la gestión desde el ente público original (Parque Marítimo SA) a empresas privadas (Santa Cruz Park SL) y posteriores subarrendamientos. Visto para sentencia.