Sindicatos policiales han anunciado acciones legales contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y sus mandos por su "escandalosa" actuación y "vergonzosa ligereza" para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En un comunicado conjunto, los cinto sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP- dan su apoyo y reconocen el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que con "proporcionalidad" han dado respuesta al mandamiento judicial de incautar todo el material electoral para que no se celebrara el referéndum.

Sobre el papel de los mossos, los sindicatos lo califican de "escandaloso". "No solo han evitado cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo e incluso manipulando datos sobre centros de votación", añaden.

Por ello, las organizaciones sindicales anuncian acciones legales para exigir la asunción de responsabilidades a Trapero y su equipo directivo y de todos los mossos que han aparecido hoy en distintas imágenes "dificultando" el trabajo de la Policía y la Guardia Civil o "actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales".

Además critican el dispositivo diseñado por la jefatura de los mossos al considerarlo "insuficiente, deliberadamente endeble y bochornosamente equidistante".

"Las órdenes emitidas han sido impropias de un cuerpo de seguridad. La política ha calado en la estructura de mando de los mossos hasta contaminar su actuación en un día como hoy", lamentan los sindicatos.

En este sentido, en declaraciones a Efe, tanto los portavoces del SUP y la UFP, Ramón Cosío, y José María Benito, reclaman a las autoridades que actúen con firmeza por la "pasividad y ambigüedad" y "ponerse de lado", a pesar de que muchos confiaban en que iba a cumplir con la ley.

"Ahora hay que pedirles responsabilidades, judiciales por un lado, por si han incurrido en un delito de desobediencia, pero también políticas", ha sostenido Benito, que ha apuntado que el Gobierno debería plantearse si debe mantener un cuerpo policial que, cuando tiene que defender la ley, no lo hace.

Asociaciones de guardias civiles coinciden con los reproches. Tanto APROGC, la Unión de Oficiales y la AUGC han pedido que se tomen medidas contra los mossos que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.

"Exigimos al Gobierno y al ministro del Interior contundencia y ser menos condescendientes con quien está obligado y no cumple la ley", asegura APROGC, mientras que la AUGC ha recordado que los cuerpos policiales están para hacer cumplir la ley y "no pueden atender intereses políticos por encima de criterios profesionales".

Además reprochan que mientras unos agentes reciben insultos y agresiones y otros claveles, en alusión a los mossos, la Policía y la Guardia Civil tienen un sueldo medio de 1.500 euros frente a los 2.000 de la policía autonómica catalana.