La fiscalía peruana investiga al expresidente Alan García como presunto líder de una supuesta banda criminal de lavado de activos, integrada por una treintena de personas allegadas al exmandatario, como su exmujer, la argentina Pilar Nores, y varios de sus exministros, informó hoy el diario La República.

El rotativo agregó que el fiscal José Antonio Castañeda, a cargo de la investigación, no solo decidió ampliar la investigación por los próximos 36 meses sino que además lo hizo bajo la Ley contra el Crimen Organizado, al considerar que se trata de un proceso complejo por el elevado número de implicados.

Entre la treintena de imputados también están los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, además de Facundo Chinguel, expresidente de la comisión de gracias presidenciales, condenado a nueve años de prisión por la excarcelación o reducción de pena de 3.000 narcotraficantes a cambio de presuntos sobornos.

Según el mismo diario, el fiscal sostiene que este grupo se enriqueció con presuntos delitos de corrupción contra la administración pública y mantuvo un funcionamiento "debidamente estructurado, con alcance nacional e internacional" y "con permanencia y regularidad en el tiempo".

Castañeda, titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, decretó la reserva absoluta de su expediente.

Los cuatro congresistas del Partido Aprista Peruano (PAP) protestaron hoy contra la filtración de la información y la calificación de crimen organizado utilizada por el fiscal.

Jaime Del Castillo, ex primer ministro de Perú durante el segundo mandato de García, acusó al magistrado de actuar "de manera prevaricadora" por investigar hechos que ya fueron archivados.

"Sin ningún empacho, tiene el descaro de desacreditar a un conjunto de personas encabezadas por el (ex) presidente y acusa de manera infame a Pilar Nores de ser partícipe", agregó.

El portavoz del grupo parlamentario aprista, Mauricio Mulder, señaló que denunciarán a la Fiscalía "porque hay fiscales de pacotilla que se dedican a hacer política".

Las diligencias se realizan de manera paralela a la otra investigación que la Fiscalía mantiene abierta contra García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno para adjudicarse millonarias obras públicas, como el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

García fue investigado por corrupción y violación de derechos humanos tanto en su primer mandato, de 1985 a 1990, como en el segundo período presidencial, de 2006 a 2011.

Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le responsabilizó de la denominada "matanza de los penales", que dejó a más de 100 reclusos sentenciados por terrorismo muertos durante un motín, pero se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito.

Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una "megacomisión", que descubrió distintos escándalos como los "narcoindultos".

Sin embargo, García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del expresidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.

Una reciente encuesta de la organización civil Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional (TI), indicó que la mayoría de los peruanos considera al segundo mandato de García como el más corrupto de los últimos años.