Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la plataforma de vecinos en contra de la planta de asfalto mantendrán hoy una reunión de trabajo para definir de forma conjunta cómo actuar en la vía administrativa para anular la licencia a la industria de Unaspa instalada en el polígono industrial del Callejón de la Gata.
El empresario cuenta a su favor con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tras la denuncia que presentó por el precinto de la planta, en la que quedó al descubierto el error del grupo de gobierno del Partido Popular en 2013, con Noelia García al frente, que decidió no responder a la petición de licencia de la empresa, que se benefició del silencio administrativo de la Corporación aridanense.
Sin embargo, la resolución judicial choca con el planeamiento municipal, en el sentido de que no se permite este tipo de industrias en el polígono. Es más, el propio TSJC ya se ha pronunciado sobre que en el polígono industrial del Callejón de la Gata ya no caben plantas de asfalto.
Los grupos municipales y los vecinos, que cuentan con la asistencia jurídica de Felipe Campos, que hasta la fecha ha logrado resultados plenamente satisfactorios para la plataforma, analizarán desde hoy en un encuentro de trabajo qué camino administrativo seguir para anular la licencia. El ayuntamiento cuenta, por su parte, con asesoramiento jurídico externo.
En principio, hay dos vías administrativas por la que optar. Por un lado, está la decisión de anular la licencia por lesividad, al considerar directamente que la industria es dañina para los intereses públicos o generales, y otra es la revisión de oficio, que incluye desde una tasación hasta un informe del Consejo Consultivo de Canarias, entre otros pasos a seguir.
Sin embargo, la decisión de anular la licencia no será previsiblemente gratuita. Los responsables de Unión de Asfaltos Palmeros SL optarán, en todo caso, por solicitar una indemnización desde el momento que el ayuntamiento comunique oficialmente la anulación de la autorización, una situación de la que tanto el gobierno municipal como la oposición son conscientes.