"En el presupuesto de este año se recortó en un 30% en todas las áreas del Gobierno menos en Servicios Sociales. Si no tomamos una decisión sobre el agua antes de que acabe el año, tal vez tendremos que recortar el doble el próximo ejercicio 2018". Así de contundente fue el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ante el pleno municipal como parte de una respuesta a una pregunta realizada por el PP en referencia a la privatización del servicio de agua del municipio por la situación crítica que existe en la gestión y que suponen unas pérdidas anuales de 1,7 millones de euros.

Tal es la gravedad del asunto, que lo que parecía una pregunta se convirtió en un debate sobre una situación calificada como de "crítica" por parte de los grupos políticos en base a unas pérdidas en la red que alcanzan el 58% o el agotamiento del pozo de La Cañada, que se encuentra en su límite.

A tanto llegó la información (adelantada en parte por EL DÍA en su edición del pasado 17 de septiembre), que hasta el portavoz de Sí Se Puede (SSP), Fidel Vázquez, siempre reacio a cualquier tipo de privatización como base inamovible de su partido, abrió la posibilidad de apoyar una externalización del servicio por una realidad "que supera cualquier ideología", aunque con condiciones.

Y lo cierto es que el debate ha dado pie a que más pronto que tarde, y antes de final de año, se decida en el ámbito plenario la externalización de la gestión del agua en El Rosario "porque no puede asumir tremendas pérdidas de 1,7 millones, y más teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene una capacidad inversora de 600.000 euros. Habrá que elegir" entre recortar servicios a la ciudadanía o mantener las pérdidas que cada año van a más por no haberse actuado a tiempo, apuntaron el propio alcalde y la edil de Aguas, Soledad Negrín.

Esta pregunta eclipsó el resto de los siete asuntos propuestos para el debate en un pleno de los más cortos que se han desarrollado en la presente legislatura. A pesar de ello fue interesante que se llevara a la sesión el rechazo por parte de la Cotmac a la modificación del plan parcial de las normas subsidiarias del municipio en el ámbito del polígono industrial de La Cañada.

Las discrepancias por el interés municipal o supramunicipal del polígono entre Gobierno regional, Cabildo y ayuntamiento aconsejaban dejar sobre la mesa el problema y abordarlo de forma estratégica a través de la Ley del Suelo, que permitirá al Cabildo y los propietarios del polígono avanzar en este asunto y que La Cañada se pueda ampliar. Fue aprobado por 15 votos (IR-V, PSOE, SSP, PP y Cs) y sumó dos abstenciones (VxR).

Entre otras cuestiones más, el pleno aprobó por unanimidad la propuesta de IR-V de darle el nombre de "Doctor Antonio Bello Pérez" a una transversal de la calle Carlote en reconocimiento al gran investigador tinerfeño, que destacó siempre por su defensa de la agroecología y el desarrollo rural sostenible. Los méritos hicieron aflorar alguna lágrima entre el público y los asientos de los concejales del pleno.