La fuga de empresas derivada de la situación política en Cataluña ha continuado hoy con compañías como Catalana Occidente, eDreams e Indukern, una situación que previsiblemente se mantendrá en los próximos días, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya puesto en suspenso la declaración de independencia.

Más de una treintena de empresas han decidido en la última semana llevar sus sedes sociales fuera de Cataluña ante la incertidumbre jurídica que está provocando el proceso soberanista.

Con este movimiento, las corporaciones quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a los mercados, pero sobre todo garantizar que seguirán operando bajo el paraguas de la UE ante cualquier escenario.

De entre las últimas empresas que han acordado sacar sus sedes de Cataluña destaca la aseguradora Catalana Occidente, que moverá su domicilio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a Madrid "para preservar los intereses de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas".

Otra cotizada, en este caso la agencia de viajes online eDreams Odigeo, ha optado por ubicar su sede social en Madrid, al igual que el grupo químico-farmacéutico Indukern, que ha tomado esta decisión "ante la situación de inseguridad jurídica que se derivaría de una posible declaración unilateral de independencia" en Cataluña.

También Sanantur, empresa dedicada al turismo de salud especializada en trasplantes capilares, la gestora de fondos EDM o VidaCaixa, la entidad líder del sector asegurador en España, se llevarán su domicilio social fuera de Cataluña.

Este paso lo han dado anteriormente compañías como CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Agbar, Colonial, MRW, Cellnex, Criteria, Lleida.net, Banco Mediolanum, Service Point, GVC Gaesco, Catalana Occidente, Dogi o Derby Hotels.

Sin embargo, son también muchas las compañías que han advertido de que adoptarían decisiones en este sentido si Puigdemont formulaba una declaración unilateral de independencia.

Así lo han comunicado las editoriales Planeta y Penguin Random House, el grupo vitivinícola Freixenet, la inmobiliaria Renta Corporación, Caixa d''Enginyers o Idilia Foods, la empresa propietaria de marcas como Cola Cao y Nocilla.

Finalmente, el presidente catalán ha manifestado en el Parlamento que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Puigdemont ha evitado optar por la vía más directa a la independencia, pero no ha despejado incertidumbres, lo que abre la puerta a que numerosas empresas puedan anunciar en los próximos días nuevos cambios de sedes sociales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido hoy que la situación en España es "preocupante" debido a las tensiones políticas en Cataluña, y ha instado a ambas partes a que "no actúen de manera precipitada" y "negocien".

"La situación en España desde luego es preocupante, ya que causa mucha incertidumbre tanto para la economía catalana y española", ha subrayado Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI en la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

El gobierno catalán, por su parte, ha denunciado hoy "presiones" desde el Estado a empresas catalanas para provocar su salida de Cataluña, y ha avisado de que intentar "perjudicar" a la economía catalana puede acabar "dañando" a la economía de toda España.

El portavoz de la Generalitat y consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha admitido que la salida se ha producido en las sedes de "algunas empresas con mucho renombre", pero ha puntualizado que "la realidad económica de este país, lo que le da poso", es la pequeña y mediana empresa.

Lo cierto es que en menos de una semana la presencia de empresas catalanas en el Ibex 35, el principal índice selectivo español, ha quedado reducida a la mínima expresión, con la única representación de Grifols, después de que CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Abertis, Colonial y Cellnex hayan decidido trasladar su sede social a otras ciudades por la situación política en Cataluña.

Expertos en fiscalidad consultados por Efe han asegurado que la decisión de las grandes empresas de mudarse fuera de Cataluña tendrá de momento un impacto fiscal "mínimo", más allá de la fuerte carga simbólica que supone dar este paso.