Agentes pertenecientes al Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, investiga a ocho personas en el marco de las operaciones ''Tholos'' y ''Dioysios'', desarrolladas en la provincia, por daños ocasionados en dos yacimientos arqueológicos.

Las investigaciones comenzaron en el mes de septiembre de 2016, cuando la Junta de Andalucía informó a los agentes de que en la zonas arqueológicas conocidas como ''Los Castillejos'', situada en el término municipal de Teba, y ''Cortijo Los Villares'', en el municipio de Cañete la Real, se estaban realizando varias actividades que pudieran provocar la destrucción de restos arqueológicos del subsuelo.

Según han informado desde el instituto armado, los guardias civiles comprobaron que en esas zonas se habían ejecutado varias obras consistentes en movimientos de tierras, construcción de pozos y cambios de cultivos, careciendo de la correspondiente licencia urbanística y sin la preceptiva autorización y vigilancia arqueológica por parte de cultura de dicha administración.

Como consecuencia, se habían producido daños en los yacimientos consistentes en la destrucción del posicionamiento y estratificación de los restos arqueológicos, siendo prueba de ello la presencia de restos cerámicos que fueron intervenidos por los agentes del Seprona en el lugar y que posteriormente fueron remitidos al Museo de Málaga para su identificación.

Según informes posteriores del Museo de Málaga, las piezas y muestras recogidas por los agentes --asas, bordes de cerámica, ajuar de cocina, etcétera--, corresponden a fragmentos cerámicos de las épocas Íbera y Medieval, según han indicado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.

El yacimiento arqueológico de ''Los Castillejos'' está catalogado por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural, mientras que en el yacimiento ''Cortijo Los Villares'' existe una protección arqueológica tipo B y C, es decir, existe la obligación de realizar actividad arqueológica previa a cualquier movimiento de tierra importante, a través de sondeos o vigilancia.

La Guardia Civil, con competencia exclusiva en la protección del patrimonio histórico, recuerda que la normativa al respecto "prohíbe los trabajos realizados sin autorización de la Delegación Territorial ni control arqueológico alguno, ya que ello podría suponer la alteración y posible deterioro para el yacimiento, teniendo la consideración de daño". Igualmente deberá contar con las licencias urbanísticas concedidas por el ayuntamiento correspondiente.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente de Málaga, según han manifestado.