Los planes urbanísticos -finalmente truncados- en el espacio protegido de El Varadero siguen generando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de El Rosario. Un abogado le reclama ahora al consistorio alrededor de 69.000 euros por servicios jurídicos contratados en la anterior etapa de la institución. Mientras, un informe técnico municipal al que ha tenido acceso EL DÍA mantiene que de esa cuantía debería hacerse cargo el promotor de la obra, Amador Díaz, o bien los condenados por prevaricación administrativa, es decir, el exalcalde Macario Benítez, la exconcejala de Urbanismo Ana Lupe Mora y la exsecretaria María Anita Alonso.
Para entender lo ocurrido hay que retroceder a las iniciales intenciones constructivas y a los movimientos que se realizaron desde el ayuntamiento para hacer posible la aprobación de un plan parcial. Este salió adelante, pero al poco fue tumbado. Surgió después el famoso procedimiento penal -21 años de condenas de inhabilitación-, así como el recurso interpuesto por Díaz contra el ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos. Les pedía unos 3,8 millones de euros.
En el marco de esa reclamación, Macario Benítez contrató los servicios del letrado Francisco Medina Fernández-Aceytuno para defender al consistorio rosariero en el proceso abierto. Años después, ya en diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) terminó desestimando la petición del empresario y le impuso las costas. Lo sucedido con El Varadero parecía quedar zanjado. Sin embargo, el 21 de agosto entró en el Ayuntamiento de El Rosario la referida factura, por 68.776,57 euros, tras la que se ha elaborado un informe desde esta institución local.
Además de recoger que se recurrió a un contrato menor (18.000 euros) pese a que la minuta acabó superando ampliamente aquella cuantía, el documento municipal expone que no corresponde a El Rosario el pago de esos algo menos de 69.000 euros. "En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se desestima el recurso interpuesto por don Amador Díaz Ramos contra el Ayuntamiento de El Rosario, y se le condena en costas, con lo que parece que no debe ser este ayuntamiento, sino el recurrente, el que debe proceder al abono de la minuta incluida en el expediente", se plantea en las conclusiones. "Al existir una condena penal por prevaricación administrativa sobre el anterior alcalde-presidente de la corporación, la que era concejala de Urbanismo en ese momento y la anterior secretaria general del ayuntamiento, precisamente por la aprobación del Plan Parcial de El Varadero, cabría plantearse si existe una responsabilidad patrimonial directa de estas personas respecto al perjuicio económico que puede suponer al Ayuntamiento de El Rosario el abono de la minuta de 68.776,57 euros objeto del presente informe", indica más adelante.
El escrito en cuestión, fechado a finales del pasado mes, apunta que se da traslado del expediente a la Secretaría General para que esta estudie jurídicamente la "necesidad o no" de incoar un expediente de responsabilidad patrimonial a los condenados por la aprobación del plan parcial, "siempre en el caso de que deba ser el Ayuntamiento de El Rosario el que asuma el pago". "Se solicita un informe expreso a la Secretaría General sobre la totalidad de las cuestiones jurídicas planteadas en este expediente, y, además de lo expuesto, particularmente sobre la obligatoriedad de que el Ayuntamiento de El Rosario asuma el pago de la minuta existiendo una condena en costas a la parte recurrente", se anota en otro de los apartados del documento y en un sentido más amplio.
Asimismo, señala el texto que en la descripción de la minuta presentada se pone de manifiesto por parte del abogado que ya ha recibido 12.000 euros con cargo a esa actuación judicial. "Si finalmente, y a consecuencia de la condena en costas, no debe ser este ayuntamiento el que asuma el pago del letrado, puede entenderse que dicho letrado cobraría la minuta completa, incluyendo esos 12.000 euros, al recurrente, don Amador Díaz Ramos, con lo que debería reintegrar al Ayuntamiento de El Rosario los 12.000 euros que ya cobró", concluye.
cronología
El caso Varadero tiene su punto de arranque en el Plan Parcial de El Varadero, aprobado gracias a una artimaña legal del Ayuntamiento de El Rosario: pidió que quedase sobre la mesa de la Cotmac el día que iba a ser abordado y salió adelante por silencio administrativo.
El documento acabó siendo tumbado después en varios pronunciamientos judiciales.
El partido IR-Verdes decidió llevar en 2007 lo ocurrido a la vía penal. Se inició el proceso que culminó, entre 2015 y 2016, con 21 años en penas de inhabilitación.
El promotor Amador Díaz, por otra parte, y a la vista de que el suelo de El Varadero volvía a rústico de protección paisajística -tal y como lo categorizaba de entrada el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife-, decidió reclamar 3,8 millones al consistorio, al Cabildo y al Gobierno regional.