El Gobierno australiano aseguró hoy que la información secreta robada en 2016 por un grupo de "hackers" no identificado a un contratista del sector de la Defensa no era "clasificada".

"Afortunadamente la información robada era comercial, no era información militar, pero es muy grave y vamos a ir al fondo de los hechos", dijo el ministro de la Industria de la Defensa, Christopher Pyne, a la emisora local SBS al enfatizar que se desconoce la identidad de los autores.

"No sé quién lo hizo puede ser uno de los tantos diversos actores. Pudo ser un actor estatal, uno no estatal", comentó Pyne, quien agregó "pudo ser alguien que trabajaba para otra empresa".

Los ciberpiratas tuvieron acceso durante cuatro meses a la información "comercial" vinculada al programa Joint Strike Fighter, la nueva generación de aviones espías F-35, y a los nuevos buques de la Armada, antes de que se alertara en noviembre pasado del ataque a la Dirección Australiana de Señales, la agencia de Inteligencia para el exterior.

Los detalles de este robo de 30 gigabytes de datos fueron revelados el miércoles en una conferencia por el gerente de la Dirección Australiana de Señales, Mitchell Clarke, quien describió el incidente como "extenso y extremo".

El ministro Pyne comentó que uno de los principales contratistas de estos proyectos para la modernización de las Fuerzas Armadas australianas alertó del ataque perpetrado a una de las pequeñas empresas subcontratadas por una de las "principales" como son Raytheon, Boeing o Lockheed Martin.

Los sistemas gubernamentales de Australia ya fueron atacados por agencias de inteligencia extranjeras en 2015 y, si bien no fueron identificadas oficialmente, varios expertos atribuyeron la autoría a China.

En aquella oportunidad se instalaron programas malignos en los sistemas informáticos de la Oficina Meteorológica de Australia (BOM) para robar documentos sensibles y comprometer otras redes del Gobierno australiano.

El último ataque contra la empresa contratista es uno de los 734 incidentes que afectaron a las infraestructuras o sistemas privados vinculados a los intereses nacionales en los que intervino el Centro de Ciberseguridad Australiano (ACSC, siglas en inglés) el año fiscal pasado, que culminó el 30 de junio.