El área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dirige la concejala Yolanda Moliné, contará con un presupuesto para 2018 de 3,6 millones de euros. De ellos, 3,4 serán destinados a inversiones en coordinación transversal con Obras, Servicios Públicos o Urbanismo -como en la Casa Siliuto- y el resto para divulgación. Lo adelantó ayer Moliné, que inauguró la comparecencia de los ediles para explicar las cuentas de sus departamentos.
La concejala desglosó los 15.000 euros para la Fundación Correíllo La Palma; los 50.000 al Obispado para el patrimonio eclesiástico; 85.000 del mantenimiento de esculturas; los 60.000 para el Molino de Barranco Grande -el único de propiedad municipal frente a los privados de Cuevas Blancas y Llano de Moro- y la cultura del gofio o los 600.000 para la reforma de la Recova Vieja dentro del MEDI del Cabildo.
"A medida que se acaben los proyectos -valoró- iremos ejecutando la rehabilitación del cementerio de San Rafael y San Roque (con actualización del proyecto del arquitecto Juan Antonio Pinto), el edifico de Ireneo González, el Palacio de Carta, la Casa Mascareño, el Templo Masónico o la Batería de San Francisco".
Sobre esta última, valorada como la más factible de restaurar en las I Jornadas de Patrimonio Militar -tendrán continuidad como la colaboración con Salvemos la historia sobre la memoria de los barrios- señaló que con 60.000 euros (cantidad similar para fortificaciones como San Andrés o Paso Alto) se buscará su encaje. Y se hablará con la Autoridad Portuaria sobre la de El Bufadero.
Respecto al parque Viera y Clavijo, Moliné señaló que vía del contencioso que abrió el alcalde sigue su camino y dijo: "Insistiremos con el Gobierno de Canarias para firmar un nuevo convenio en el que afronten al 100% la financiación. Rechazamos su propuesta de subvención y queremos cerrarlo este año".
El otro área de responsabilidad de Moliné es Consumo con la OMIC como "instrumento técnico". El presupuesto global subirá sobre el 50% al pasar de algo más de 20.000 a 44.000 euros.
Lo fundamental serán "las campañas publicitarias, la educación y la formación a consumidores y usuarios", explicó para añadir: "La jornada de este año sobre derechos y deberes fue un éxito y la idea es ampliarla un día más". En cuanto a datos "del 1 de enero al 31 de julio de 2017 han sido 1.042 reclamaciones, 300 sobre telefonía (150 fija y 150 de móviles). Le siguieron grandes superficies, 94; bancos, 85; transporte aéreo, 82 y seguros, 46.
En 2016, la OMIC recuperó 117.600 euros para los consumidores y recibió 10.000 consultas con 334 mediaciones favorables. Lo más reclamado, de nuevo, la telefonía, con 532 quejas.
De cero a 200.000 euros en divulgación
El capítulo 2, la divulgación del Patrimonio Histórico, "fundamental" para Moliné, ha evolucionado de cero euros en 2015 a los 100.000 de 2017 y los 200.000 previstos ahora. Se invertirá en campañas o muestras en centros educativos, como las del curso pasado, aunque esta vez con los chicos de cuarto de la ESO o Bachillerato visitando el patrimonio de la ciudad. El objetivo, indicó, es "protegerlo, fomentarlo y divulgarlo". Añadió que "2018 es el año del Patrimonio Cultural Europeo y lo celebraremos". Además se mantiene la colaboración con el CICOP y el gestor cultural con ampliación de fichas. Asimismo, saldrán los pliegos de las cartas etnográfica y arqueológica del Suroeste y Anaga con inventario de bienes municipales.