El protocolo que pretende firmar el Gobierno de Canarias con el central sobre obras hidráulicas a finales de año y con una periodo de doce ejercicios contempla 185 actuaciones nuevas a las previstas hasta ahora en las distintas Islas, según señaló el consejero de Agricultura, Pesca, Ganadería y Aguas, Narvay Quintero, en el último pleno regional. A esas acciones de lo que el responsable del departamento gusta llamar "ciclo integral del agua" se suman otro medio centenar de intervenciones sí programadas con antelación, pero que se han actualizado.

Quintero se refirió a estos proyectos a preguntas del diputado de CC Mario Cabrera, preocupado por el retraso de un convenio que se espera desde 2008 mientras las infraestructuras han seguido deteriorándose o las carencias en muchos sitios, incrementándose. Frente al pesimismo del diputado majorero, que alertó del aumento poblacional de islas como Fuerteventura o de municipios como La Oliva, el consejero se muestra convencido de que el protocolo se firmará a finales de 2017 y que el primero de los tres convenios que contempla se suscribirá a principios de 2018.

Si bien Cabrera apuntó a 288 millones de euros para el primer convenio, Quintero fue menos preciso y señaló que se prevé una media de 300 millones para cada uno de esos tres acuerdos, con un periodo de 4 años cada uno.

En total, se calcula una inversión de 920 millones para obras de todo el ciclo integral del agua, que incluyen actuaciones de almacenamiento, conducción, saneamiento y reutilización, muchas de ellas en redes que llevan tiempo necesitando una mejora o ampliación.

Cabrera es consciente del trabajo hecho por la consejería con los cabildos y ayuntamientos para coordinar este plan, pero le reclamó al consejero que la Dirección General de Aguas esté más cerca de la realidad de cada municipio y en colaboración con los consistorios. Quintero, sin embargo aclaró que, con la ley de 2010, dicho departamento ha visto muy debilitadas sus competencias en favor de los cabildos, salvo en lo que se refiere precisamente a los planes hidrológicos.

Podemos cuestiona el control de los vertidos

Quintero tuvo que responder también a la diputada de Podemos Concepción Monzón, quien pone en duda los cambios este año en los criterios para el censo de vertidos tierra-mar. Monzón, muy preocupada por la contaminación de las aguas marítimas, que se ven agravadas por las corrientes atlánticas, remarca que el nuevo recuento ha reducido "enormemente" el número de vertidos sobre al censo de 2007. Así, por ejemplo, en Lanzarote se ha pasado de 70 a 33, de 7 autorizados a 8 y de un 10% de esos 70 a un 20%, lo que considera alarmante. Según señaló, los criterios mejoran esos porcentajes al eliminarse los vertidos a los cauces hidráulicos, salvo los que van al dominio marítimo terrestre, los que se derivan a pozos por entenderlos de escasa entidad, algo que no cree muy claro, o los de escorrentías. A su juicio, la mayoría llegan al mar y ya no se controlan, lo que pone en riesgo zonas protegidas, pero Quintero cree que el censo es ahora más real, efectivo y garantiza lo que pone la norma del dominio marítimo terrestre. Así, apuntó que el 44% de los eliminados son pluviales y de barrancos, un 27 no van al mar, un 25% de pozos absorbentes y un 4% por otras causas.