"Una valoración positiva porque en la medida en que todos contribuyamos con lo que nos toca podemos bajar la presión fiscal. Es lo que nos ha posibilitado en el municipio, entre otras medidas, la progresiva reducción de los últimos años y la más ambiciosa del próximo ejercicio 2018". Lo asegura el concejal de Hacienda y Recursos Humanos de Santa Cruz, Juan José Martínez, ante la recaudación adicional por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 1.129.341 euros para las arcas de la ciudad derivada de la actuación catastral del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En principio el catastro detectó en esta inspección de 2015 y 2016 miles de "incidencias" en la capital tinerfeña, desde inmuebles no legalizados a nuevas dependencias, lo que se ha traducido en estos ingresos "importantes" para el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En concreto, según el informe al que ha tenido acceso este periódico, 4.039 expedientes fueron regularizados correspondientes a 10.119 inmuebles de los cuales fueron regularizados 5.465. De estos últimos, un 99,95%, 5.462, eran urbanos y únicamente tres, rústicos.

El tipo de omisión descubierta en los inmuebles se desglosa en un 26,42% en los de nueva construcción; el 27,8% en ampliación; un 0,12% de rehabilitación; un 39,10% de reformas, un 5,32% cambios de uso; un 1,06% en piscinas y un 0,14% en los denominados extemporáneos.

La cifra global del valor catastral del municipio chicharrero asciende a 8.044.154.448 millones de euros. El suelo urbano se valora en 8.042.692.683 y el rústico en 1.461.765.

Juan José Martínez ha explicado que las medidas de rebaja fiscal previstas por la corporación y anunciadas en la presentación del presupuesto para 2018 supondrán una menor recaudación para el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero será compensada, entre otras inyecciones económicas, por el incremento experimentado en la revisión catastral.

El concejal señaló que las incidencias mencionadas afectaron tanto a asuntos como inmuebles no detectados anteriormente, a la ampliación de cuartos en la azotea o incluso a la construcción de piscinas en espacios anexos a las viviendas principales.

Todo esta realidad urbanística que ha aflorado con la revisión se traducirá en un incremento en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los afectados y supondrá esta cantidad económica que calificó de "significativa" para las arcas municipales.

Martínez valoró que "con los sistemas de inspección vigentes es difícil que de improviso surja un inmueble de forma completamente irregular". Pero sí hay construcciones con determinadas características por las que no se ha tributado anteriormente y ahora habrá que hacerlo. De hecho, ya figurará en las cartas de pago de estos contribuyentes.