Canarias ha tramitado 90,6 millones de fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR), lo que supone la mitad de los recursos destinados a estas políticas, destinadas a mejorar la competitividad del sector primario, introducir innovación y tecnologías en el mundo agrario, favorecer el relevo generacional y facilitar que la población no abandone el medio rural. La cantidad gestionada supone más de la mitad del presupuesto con el que cuenta este programa, que fue convocado en 2015 y que debe ejecutarse en los dos próximos años.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional, Narvay Quintero, ofreció ayer estos datos en el Parlamento autonómico, donde compareció a solicitud del grupo popular, cuya diputada Cristina Tavío recordó que el PDR tiene como fin más destacado "hacer atractiva la inversión en el sector primario" y garantizar la rentabilidad de estas actividades.
La mayor parte de los 185,6 millones de euros de que consta la convocatoria -el 85%- procede de fondos europeos, mientras que la Comunidad Autónoma y el Estado deben aportar al 50% la cantidad restante. No obstante, hace solo un mes que la Administración central se ha comprometido a poner su parte, afirmó el consejero.
Así, hasta el momento Canarias ha financiado las actuaciones del PDR con 23,6 millones, en tanto que los 70 restantes han llegado de las instituciones comunitarias. Del total tramitado, 13,6 millones han sido ejecutados y certificados y 80 han sido convocados o se encuentran en ejecución, detalló Quintero.
Entre las ayudas ya tramitadas se encuentran las dirigidas a los jóvenes titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas -un colectivo que disfruta de prioridad en esta convocatoria, al igual que en el Posei-, para los que se han consignado 23 millones de euros. Sin embargo, todavía no se han resuelto las subvenciones para que los municipios desarrollen servicios con los que evitar el éxodo de población, lo que a juicio de Tavío constituye "una muy mala noticia".
Quintero alegó que esta línea de ayudas se ha demorado porque la propia Federación Canaria de Municipios (Fecam) solicitó un cambio en las bases para que pudieran beneficiarse localidades situadas en la costa, una petición a la que el Ejecutivo autonómico ha accedido. El consejero advirtió de que muchos de estos proyectos se quedarán sin financiación, puesto que el presupuesto del que disponen estas ayudas es de 13 millones de euros y las propuestas planteadas por los ayuntamientos suman 30 millones. "Algunos municipios han presentado hasta once proyectos", resaltó.
El aceite solicita sello de calidad
La producción de aceite de oliva está en claro ascenso en Canarias. Los cultivos dedicados al olivar se acercan este año a las 400 hectáreas -en 2011 eran apenas 99- y son la base de una actividad que cuenta con "un nicho de mercado de alta calidad", destacó ayer el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero. La pujanza del sector se ha traducido en que las asociaciones de productores hayan solicitado el sello de calidad a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que se encargará de asesorarlos.
Un cultivo que frena la erosión de terrenos
En respuesta a una pregunta planteada por el diputado de CC Mario Cabrera, el consejero de Agricultura recordó que Canarias ha solicitado a la Comisión Europea que el olivo pueda beneficiarse de las ayudas del Posei y que el Ejecutivo comunitario ha tenido en cuenta el papel de este cultivo para evitar la erosión en zonas que hasta hace poco estaban abandonadas. Cabrera recordó que su isla -Fuerteventura- dispone de cinco almazaras, mientras que Gran Canaria tiene nueve y Tenerife cuenta con cuatro.
Canarias apoya los tratados que favorecen el comercio global, pero lamenta que la agricultura se haya convertido en ellos en "moneda de cambio". El consejero regional del área, Narvay Quintero, acusó ayer a la Unión Europea de incumplir "una condición" que, a su juicio, debe regir en estos acuerdos comerciales: evaluar su impacto económico y social en territorios frágiles como los de las regiones ultraperiféricas (RUP).
Quintero contestó en el Parlamento a una pregunta de la diputada Concepción Monzón (Podemos), que consideró "lamentable y vergonzoso" que la representante de CC en el Congreso, Ana Oramas, apoyara el tratado de libre comercio con Canadá (CETA). Para el consejero, el acuerdo es "positivo en conjunto", aunque carece de un informe que analice sus efectos en las RUP.
El Gobierno entiende que, al igual que tratados similares -con EEUU o los países de Mercosur-, el CETA abre la puerta a producciones que carecen de los requisitos de calidad y trazabilidad que caracterizan los de la UE, lo que puede ser más perjudicial aún para territorios fragmentados y limitados como el Archipiélago.