Cuando los policías pertenecientes al equipo SWAT irrumpieron por la fuerza en la habitación de un hotel de Las Vegas (EE.UU.) donde se hospedaba Stephen Paddock, de 64 años, responsable de la matanza de cincuenta y nueve personas y más de quinientos heridos, no dieron crédito a lo que allí encontraron: veintitrés armas largas y cortas de diversos calibres y abundante munición para las mismas, con las que Paddock disparó a discreción desde la ventana de su habitación contra una multitud que asistía a un concierto de música al aire libre.

Las numerosas víctimas causadas por ese psicópata asesino hacen que este ataque no solo haya pasado a formar parte del más horrible en la historia reciente de los EE.UU., sino que ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, la facilidad que existe en ese país para adquirir armas de fuego, sin que hasta ahora ningún gobernante o partido político se haya propuesto zanjar esta cuestión que tantas víctimas causa en ese país cada año.

La viabilidad para comprar, portar y usar un arma de fuego en EE.UU. está permitiendo que estas lleguen a manos equivocadas, convirtiéndose en instrumentos para que se puedan perpetrar graves masacres que causan la muerte a miles de personas cada año.

El problema, pues, para evitar o reducir la venta de armas en ese país se halla en los propios norteamericanos, que no lo desean. Ese es uno de los grandes obstáculos para reformar las leyes en contra de la adquisición y tenencia de armas. Los propios estadounidenses consideran que el derecho a poseer un arma es "esencial" para su libertad. Afirman, incluso, que cualquier intento de regular la tenencia de armas constituye un "atentado contra la libertad sobre la que se fundó su país".

¿Y por qué existe esa permisividad legal para poder adquirir armas en los EE.UU.? La respuesta la hallamos en una norma, todavía en vigor, que data del siglo XVIII. Se trata de la Segunda Enmienda a la Constitución, causante de que en ese país mueran anualmente mas de treinta mil personas por herida de bala. Dicha enmienda dice así: "Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

La citada enmienda fue introducida en la Constitución norteamericana el 15 de diciembre de 1791, es decir, cuatro años después de que fuera aprobada su Carta Magna y pocos años después de concluida la guerra de independencia contra Gran Bretaña.

Como se aprecia claramente, la razón por la que se introdujo esa enmienda carece de sentido en la actualidad, ya que, siguiendo literalmente su texto, se deduce que la posesión y uso de las armas incumbe a organismos oficiales o militares ("siendo necesaria una milicia bien organizada..."). Sin embargo, se está interpretando como el derecho que tiene todo estadounidense a poseer armas a título individual.

La Constitución norteamericana se redactó para legitimar la independencia de Gran Bretaña y los instrumentos precisos para defenderla. Se habla del derecho a portar armas para justificar las milicias al no existir entonces un ejército regular. Algo que no ocurre hoy, ya que, además de unas poderosas Fuerzas Armadas, existe la Guardia Nacional y otros cuerpos de policía para atender a la seguridad y orden interior. Por eso, no parece lógico que la enmienda permanezca cuando el espíritu y necesidad de la misma están fuera de lugar. Eso parecería lo más sensato, pero no es así. El poderoso "lobby" Asociación Nacional del Rifle, que apoyó a Donald Trump en su carrera a la presidencia de los EE.UU., lo ha venido evitando hasta ahora, y así tenemos las consecuencias.