Un total de 53.000 chicharreros acuden a ser atendidos en los servicios sociales de Santa Cruz, lo cual supone el 30% de su población. Lo desveló ayer Óscar García, el concejal de Asuntos Sociales y del IMAS, que presentó el presupuesto de su área para 2018. Unas cuentas que cifró en 18,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 4,9, un 36% mas que los 13,4 iniciales de 2017.

García distribuyó en cuatro grandes bloques estas cantidades que centran la estrategia de los servicios sociales en Santa Cruz: Planificación, Modernización, Intervención y Cooperación social.

El capítulo de Planificación toma como eje el diagnóstico social y el Plan Estratégico de Servicios sociales municipales. El edil fue desglosando los planes actualmente en ejecución que se van a culminar el año que viene.

Por ejemplo, el I Plan de Menores, dotado con 50.000 euros; el II Plan de Mayores (150.000); el II Plan de Prevención de Drogas (195.000); ya en preparación el III Plan de Drogas (57.000); el I Plan de Discapacidad (55.000) y el I Plan de prevención social y desarrollo comunitario (50.000). Todos estos documentos serán sometidos a una evaluación continua.

En cuanto a la modernización cabe destacar la ficha social, con 64.000 euros, y el expediente electrónico con otros 50.000. García valoró: "El resultado de una gestión más eficaz y eficiente permite ejecutar un aumento de presupuesto en función de la demanda. El presente año se incrementó en junio en dos millones y para 2018 se presupuestan inicialmente 2,1 más que el ejercicio en curso". Según García, "esta es la primera obligación, que no la única de los servicios sociales, tal como indica la vigente Ley Canaria de Servicios Sociales".

García aportó datos para concluir: "Canarias es la comunidad con mayor riesgo de pobreza y exclusión, al que está abocado el 44% de su población. Santa Cruz atiende, según los últimos datos, a 53.000 personas, 30% de la población. Hay que distinguir entre población en riesgo y atendida, que acude a los servicios sociales. Hasta ese 44%, en riesgo, que los habrá, aún no pide ayudas".

El segundo gran capítulo del presupuesto es la intervención, con la implantación de recursos para afrontar problemáticas actuales. Entre ellos un nuevo dispositivo de emergencia en las UTS que se convertirán en "24 horas". En palabras del concejal, "tardes, fines de semana y festivos", para lo que se ha dotado una partida de 277.000 euros.

En segundo lugar, las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), que, explica García, "es distinto al asistencialismo porque supone la primera obligación". Este apartado se incrementa en 2018 de 3,5 a 5,6 millones. El apoyo a UTS con servicio educativo externo, para lo que se destinan 100.000 euros; el nuevo servicio de día en el distrito Anaga (145.000 euros) y, por último, el piso de tránsito para Personas sin Hogar (PSH), contemplado en el contrato de acogida por 84.000 euros. La cuarta "pata" en esta estructura es la Cooperación Social. Serán 1,5 millones de euros distribudos en 24 proyectos.

García plantea tres grandes bloques: prevención, promoción e intervención. En prevención reseñó al Servicio de Día de Menores Padre Laraña, la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, Afes Salud Mental, Oblatas, Centro de Atención a las Familias, etc.". La promoción afecta a Cáritas, Ataretaco, Don Bosco, Nuevo Futuro, etcétera, con dos nuevos: Mujeres de Añaza Emprendedoras, que dispondrán de 40.000 euros, y Housin First -un modelo innovador que plantea una forma diferente de afrontar el sinhogarismo- con Provivienda y Fundación Rais con 125.000 euros.

En intervención: Proyecto Hombre, Comedor de La Milagrosa, Bancoteide, Cruz Roja y dos nuevos, Asociación Rayuela, con una inyección económica de 30.000 euros, y Médicos del Mundo, que tendrá 20.000.

Por último, la convocatoria de cooperación social anual con 270.000 euros (un máximo de 18.000 por proyecto) repartidos entre unas 30 entidades.