El vicepresidente y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, descartó presentar su dimisión a raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa (La Orotava), si bien reconoció la existencia de "deficiencias documentales en la gestión de las instalaciones".

Valbuena comentó que si él estuviera en la oposición en el Cabildo no pediría el cese "con ligereza, sino información antes de demandar responsabilidades políticas", al tiempo que aseguró que "la oposición es de gatillo fácil".

Dijo que se siente respaldado por el presidente insular, Carlos Alonso, y el vicepresidente, Aurelio Abreu, y resaltó que sobre este asunto el PP "se ha montado una película porque tiene facilidad para los cuentos como Hans Christian Andersen", y aseguró que este partido "habla de castillos en la arena sin sustancia detrás".

En este momento "manda la prudencia", dijo, y "no se pueden hacer pronunciamientos" sobre el auto, más allá de mostrar su "máxima confianza" en los tres funcionarios investigados, que "han realizado un gran trabajo para la Isla, y ofrecer las aclaraciones e informaciones" a la autoridad judicial.

Afirmó que la piscifactoría se daba de alta anualmente en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y, por ello, hay preguntas "que tendrán que contestar otros organismos".

No le cogió por sorpresa este auto "ya que de alguna forma se nos había preavisado" porque cuando los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tomaron declaración a los trabajadores se advirtió de que este asunto iba a los juzgados de La Orotava y se iban a efectuar citaciones. "Es el procedimiento normal una vez que el Seprona ha tomado las declaraciones oportunas y, una vez comunicado el auto, manda la prudencia", manifestó.

El consejero insular de Medio Ambiente destacó que la piscifactoría es una "instalación histórica" de Tenerife que lleva más de 43 años funcionando "en estas mismas condiciones", aunque optó por no "entrar a analizar si estas son las óptimas".

Por la instalación han pasado responsables políticos de todas las fuerzas empezando por el Icona y su entonces responsable, Isidoro Sánchez, promotor de esta infraestructura, y también han estado relacionados con su gestión el PP, cuando Manuel Torres era viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, según comentó el socialista Valbuena.

Insistió en que hay "tranquilidad" en el Cabildo como en otras ocasiones en que se ha visto afectado por autos judiciales, una situación ante la que presta "toda la colaboración habida y por haber que demande la Justicia".

Valbuena volvió a "garantizar" la salud de los ciudadanos del área metropolitana que pudiera estar afectada por la contaminación de agua del Canal del Norte.

El auto obvia la muerte de las truchas

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de La Orotava sobre las diligencias previas abiertas por el caso de la piscifactoría de Aguamansa no prevé ninguna actuación para aclarar la polémica muerte por asfixia de entre 10.000 y 12.000 truchas, tras la interrupción del suministro continuo de agua que terminaba en el Canal del Norte. En la descripción de hechos, el juez señala que las actuaciones fueron provisionalmente sobreseidas tras el atestado del Seprona, de 23 de septiembre, que informaba de la aparición de truchas muertas, y que se reabrieron tras una ampliación de diligencias policiales realizada también por el Seprona el día 9 de octubre.

Pese a que inicialmente se barajó que una de las bases de la denuncia de la Guardia Civil era la forma de sacrificio de las truchas, en el auto se destaca que "en esta primaria fase de investigación", y en base al atestado policial, se distinguen al menos dos "comportamientos de suma gravedad que, por su posible naturaleza delictiva, deben ser investigados": la venta de productos pesqueros de la piscifactoría presuntamente "sin ningún tipo de control sanitario veterinario", y la posible contaminación de aguas destinadas a consumo humano con aguas residuales industriales de lo que se considera una explotación ganadera, "sin un control analítico" y con aplicación esporádica de tratamientos con antibióticos (florfenicol), "sin prescripción veterinaria ni seguimiento alguno en su dosificación".

El auto se traslada al Ministerio Fiscal para proceder a la declaración de complejidad de la instrucción de la causa, para la que se piden numerosas diligencias.

Las declaraciones de los testigos comenzarán el 7 de noviembre y durarán, según el auto, hasta el 28 de noviembre. El día 29 del próximo mes se citará a declarar, en calidad de investigados (los antiguos imputados), a tres técnicos del Cabildo y a la propia administración insular como titular de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava.