La "rebaja fiscal" que el Gobierno regional prevé incluir en el presupuesto de 2018 supone setenta millones de euros menos que gastar. Setenta millones que podrían haberse dedicado, por ejemplo, a financiar ese plan integral contra la pobreza que el Gobierno regional demora año tras año, con la excusa de que no hay recursos para acometerlo. No se trata de censurar la "rebaja fiscal": con los setenta millones que el Gobierno detraerá de los presupuestos por la vía de no ingresarlos, se asumirá la reducción del tramo autonómico del IRPF para los declarantes con menos ingresos, y las rebajas en el IGIC a los autónomos y a los jóvenes que adquieran una vivienda. Probablemente, el esfuerzo que supone para la Administración renunciar a esos dineros implicará resultados favorables en las economías menos favorecidas, sin distorsionar demasiado el presupuesto. Un presupuesto que si en 2017 incrementó la financiación en alrededor de 700 millones de euros, además de otros 350 millones de crédito extraordinario, en 2018 podría ver aumentada esas cifras en 500 o 600 millones más, a pesar de la prórroga de las cuentas del Estado.

Por eso, al margen de la decisión política de dejar de cobrar 70 kilos, es mucho el dinero disponible para volver a oponerse a hacer frente a lo que algunos consideramos que hoy debería ser la principal apuesta política y moral del Gobierno, la implementación de mecanismos para paliar y reducir los efectos de la pobreza severa en las islas. Durante la crisis, cuando más se necesitaba un plan integral contra la pobreza, no llegaban los duros y no pudo materializarse ese esfuerzo para con los más desfavorecidos. Pero más vale tarde que nunca: persisten la mayoría de los problemas que hacían necesario destinar recursos a paliar pobreza y exclusión, y algunos de esos problemas incluso se han agravado, al convertirse en crónicos. Y esta es probablemente la última ocasión de implementar un plan así en lo que queda de mandato. Román Rodríguez ha recordado reiteradamente la obligación del Gobierno de atender a los más pobres, la última vez después de la reunión mantenida hace un par de días con el presidente Clavijo.

Después de haber destinado todos los recursos disponibles durante los dos primeros años de la legislatura a activar la economía, dotando el Fondo de Desarrollo Regional, este es sin duda el momento de actuar directamente para modificar la situación de los más desfavorecidos: el problema persiste, hay recursos y solo se precisa voluntad política para tomar la decisión: en vez de dedicar su tiempo a penosos debates o en intentar bloquear en el Constitucional las leyes aprobadas por la propia Cámara, el Parlamento debería ponerse de acuerdo y hacer algo que merezca de verdad la pena. Algo que ayude a resolver problemas reales a miles y miles de ciudadanos reales que viven instalados al borde mismo del abandono y la desesperación.