El decreto que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago ya ha experimentado una primera modificación, aun antes de que el Gobierno haya puesto en marcha el proceso para revisar la normativa. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) recogía ayer la adaptación del texto al precepto de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales que extiende la autorización de esta actividad a cualquier tipo de suelo de las llamadas "islas verdes" -La Palma, La Gomera y El Hierro-, incluido el turístico, una posibilidad que el reglamento veda en el resto de la Comunidad Autónoma.

Estos cambios son fruto de una disposición adicional incorporada a la nueva ley territorial a propuesta de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y que determina que en las islas periféricas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife "podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que les sea de aplicación ninguna restricción por la calificación del suelo". La única excepción para estas autorizaciones es que "quede a salvo el principio de unidad de explotación en establecimientos turísticos".

La entrada en vigor de esta disposición supone, a su vez, eliminar del decreto sobre viviendas vacacionales -en lo referido a estas tres islas- que la declaración responsable para el inicio de la actividad incluya como requisito manifestar ante la Administración que el inmueble no se encuentra en zona turística, en urbanización turística o en urbanización mixta residencial turística.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) celebró ayer la medida como "un gran paso hacia delante que abre la brecha para seguir insistiendo y exigiendo las mismas condiciones para el resto de islas". En su página de Facebook, el colectivo reiteró la necesidad de "desbloquear una actividad clave y vital para la sostenibilidad económica y el devenir de toda Canarias". La asociación atribuyó este cambio en el decreto a su "insistencia" y al apoyo parlamentario de ASG.

En consulta pública la revisión del reglamento

El Gobierno sacó ayer a consulta pública previa el proceso de revisión del decreto de alquiler vacacional, una medida con la que pone en marcha el procedimiento al que le instó el Parlamento hace ya dos años. Este periodo de información se prolongará hasta el 6 de noviembre y viene acompañado de un informe de la Dirección de Ordenación y Promoción Turística que argumenta la necesidad de reformar el decreto o bien de elaborar uno nuevo.

Evitar perjuicios a la imagen del destino

El informe aconseja abordar el proceso desde una perspectiva "global e integral" y evitar "límites injustificados" a las viviendas turísticas, pero también "valorar con detenimiento" las repercusiones sobre el territorio de esta actividad para evitar "posibles escenarios desfavorables y perjudiciales a la imagen turística de Canarias" y poner en riesgo "el objetivo de un modelo turístico sostenible".