El proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias, aprobado por el Consejo de Gobierno, prescinde de la creación de la tarjeta social, prevista como un instrumento para identificar a los usuarios de prestaciones sociales con independencia de la comunidad en la que resida.

En declaraciones a EFE, la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha señalado que esa decisión es fruto del estudio conjunto de técnicos y asociaciones que coincidieron en que la tarjeta "no era necesaria" y que podía "estigmatizar" a los ciudadanos ya que "nadie quiere llevar en la cartera una tarjeta que diga que es usuario de los servicios sociales".

Impulsar la tarjeta social, ya en vigor en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, era uno de los acuerdos unánimes alcanzados en la VI Conferencia de Presidentes tal y como recoge el documento publicado por Moncloa el 17 de enero de este año.

En ese documento se indica que la tarjeta social pretende ser "una llave de acceso" al registro de prestaciones sociales públicas que permitirá "detectar con toda precisión" las situaciones de mayor vulnerabilidad al conocer en tiempo real las prestaciones sociales de contenido económico que "bajo distintas fórmulas" gestionan las administraciones públicas.

En relación al acuerdo de la Conferencia de Presidentes, Valido ha apuntado que la tarjeta que se acordó impulsar está "más enfocada al empleo" y que, de hecho, es en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Ministerio de Empleo donde se está tratando este asunto.

"En la sectorial varias comunidades autónomas se han pronunciado en el mismo tenor que Canarias, la gente no debe tener que identificarse como demandante de prestaciones, aunque es cierto que hay que unificar las bases de datos y cruzar información", ha manifestado la consejera.

Los grupos parlamentarios de la Cámara regional tienen diferentes posiciones sobre la decisión del Gobierno autonómico de no impulsar la tarjeta social y abogan por otro tipo de medidas.

La diputada del grupo parlamentario Socialista Patricia Hernández, y anterior responsable del área, ha incidido en declaraciones a EFE en que el acuerdo sobre la tarjeta social en la Conferencia de Presidentes se había liderado desde Canarias y que no hay una tarjeta física "para la gente pobre" ya que en el anteproyecto que ella presentó estaba diseñada con una concepción "universal" y pensada para que se adhiriese a la tarjeta sanitaria.

Con respecto a si la tarjeta estigmatiza a los usuarios, Hernández ha expresado que es un error considerar que los servicios sociales son exclusivamente para las personas que no tienen recursos y que precisamente uno de los cambios principales recogidos en la ley es que los servicios sociales pasan a ser un derecho universal de todos los canarios.

Con la tarjeta social, según Patricia Hernández, cualquier ciudadano podría acceder no solo a las prestaciones económicas que recibe sino también al estado en el que se encuentra la gestión de sus expedientes y facilitar los trámites en materias como dependencia y discapacidad.

Josefa Luzardo, diputada por el Partido Popular, ha precisado que "lo que no sería bueno" es la creación de una tarjeta que estigmatice a los ciudadanos y que dé a entender que una persona no tiene recursos, pero ha puntualizado que la solución podría ser que a través del carné de identidad las administraciones puedan acceder a la situación social de cada ciudadano.

"Es verdad que ahora mismo los informes de los ayuntamientos no están cotejados con los cabildos ni tampoco con el Gobierno de Canarias, así que la idea es que con el DNI se pueda tener acceso a esos datos", ha aseverado Luzardo.

La diputada del grupo Podemos María del Río ha indicado que no entiende por qué el Gobierno ha decidido eliminar esta medida de la Ley y que "no les sirve" el argumento de que la tarjeta estigmatiza puesto que "si todos los ciudadanos la tienen no se produce ninguna discriminación", y ha añadido que su grupo ve la tarjeta como un instrumento "interesante" que ahorraría mucho esfuerzo a los trabajadores públicos.

La tarjeta social solucionaría muchos problemas de descoordinación, ha comentado del Río, ya que se agilizarían "muchísimas" gestiones que en este momento dan problemas al no existir una coordinación entre las administraciones públicas.

Por su parte, el portavoz adjunto de Nueva Canarias, Luis Campos, ha señalado a EFE que su grupo no terminaba de aceptar la creación de una tarjeta exclusiva para usuarios de los servicios sociales, pero que estarían de acuerdo con la creación de una tarjeta "global".

En ésta se debe recoger los datos de los ciudadanos en distintas áreas, siempre que se cuiden aspectos referidos a la protección de datos para que los profesionales de un sector con acceso a la tarjeta no puedan acceder a una "multitud de datos personales dispares".

Asimismo, la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha asegurado que su grupo parlamentario aboga por fortalecer el sistema informático de los servicios sociales para que se pueda acceder a él y consultar el historial utilizando el carné de identidad, algo que, a su juicio, no hace necesario la creación de una tarjeta física.