Víctor Pérez Borrego ha vuelto al panorama político insular tras un breve paréntesis como director general del CD Tenerife durante apenas once meses. Después de la pérdida de confianza por parte del presidente del club, Miguel Concepción, Borrego se presenta ahora como portavoz de Ciudadanos (Cs).

Cs se apunta un tanto al "fichar" a un experimentado político que ha tenido una dilatada experiencia en la gestión pública, en distintos cargos en distintas administraciones, trabajando a las órdenes de distintos partidos políticos, aunque en los últimos años bajo la égida nacionalista, ideario por otro lado bastante lejano de la marca de casa de Cs. En su dilatada trayectoria, Víctor Pérez presenta claros y oscuros que ahora también se someterán a escrutinio.

La decisión más polémica que se conoce tiene que ver con la firma de una polémica operación de swap siendo consejero de Hacienda del Cabildo de Tenerife. Como él mismo ha admitido, fue suya la decisión, en diciembre de 2010, de suscribir cuando era responsable de Hacienda de la Corporación insular, un producto financiero de dudosas garantías que tanto ha quebrantado la estabilidad presupuestaria de la Corporación insular. Esta decisión fue adoptada a espaldas de la intervención que fiscalizó el swap cuatro años después de producirse, cuando el actual responsable insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, dio a conocer los efectos jurídicos que acarrearía esta operación con motivo del balance global de las cuentas del Cabildo de 2014.

Esta operación ha tenido ruinosos efectos para el Cabildo, que ha perdido unos 20 millones de euros en el abono de unos intereses muy por encima de los del mercado. Los especialistas prevén que, a la finalización del contrato en 2025, dichas pérdidas superarán los 46 millones. Para solucionar este entuerto, la actual Corporación ha intentado jurídicamente y sin éxito anular el citado contrato. En la sentencia se critica lo que se considera como falta de diligencia en la referida administración pública.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en una comparecencia plenaria a petición propia trató de explicar la situación que según indicó también desconocía, al igual que el resto de miembros del equipo de gobierno de aquel entonces. En dicha comparecencia, Alonso ni alabó ni criticó la firma de este producto financiero realizada por la anterior corporación, pero reconoció que tras esa decisión, el esquema para proteger la administración se ha vuelto en contra por la baja de los tipos interés. Carlos Alonso señaló también que dos de los swaps tenían ventanas de salida, por lo que pudieron ser cancelados sin coste alguno mientras quedan aún vigentes otros con el BBVA, al que se le ha reclamado judicialmente la rescisión del contrato.

Carlos Alonso aludió a una primera sentencia contraria al Cabildo en la que, según ha dicho, hay errores en el cálculo de los intereses por parte del juzgado, que utiliza la información de Google, y ha adelantado que el Cabildo ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial. De acuerdo a los servicios jurídicos, la nulidad del contrato no es posible, por lo que se reclama la rescisión, aunque ha adelantado que se requerirán todos los informes necesarios para asegurarse la nulidad.

A partir de 2013 la política financiera del Cabildo ha variado y se ha reestructurado la deuda.

El Tribunal de Cuentas ha dicho que esta decisión errónea le ha costado al Cabildo 25,8 millones de euros, dinero que se podría haber destinado a atender a otras necesidades.

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Femando Sabaté, llegó a afirmar en su día que el Cabildo no quiere pedir la nulidad de los contratos, al ser una reprobación de facto al anterior presidente insular, Ricardo Melchior, y al consejero de Hacienda, Víctor Pérez, y la sentencia pone de manifiesto que en el momento del contrato había señales claras que los tipos de interés podían descender.

El consejero del Grupo Popular en el Cabildo, Sebastián Ledesma, consideró que fue un error suscribir este contrato y situó su firma justo antes de unas elecciones insulares. Ledesma criticó que no se hubiese solicitado un informe de la Intervención del Cabildo, lo que podría llevar a que el contrato fuera nulo, y reiteró que los responsables insulares de entonces firmaron un swap ruinoso para las arcas públicas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Corporación, José Antonio Valbuena, señaló en esa sesión plenaria que la situación en 2011 era muy difícil y había una gran incertidumbre por lo que, en su opinión, "había que agarrarse a algún tipo de solución".

Esta y otras operaciones están en el debe y haber de Pérez Borrego. Entre estas también hay que citar la operación de endeudamiento por valor de 137 millones de euros que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diciembre de 2013 justo después de que fuera relevado de sus funciones como consejero de Hacienda por el actual presidente del Cabildo de Tenerife. Dicha operación generó dificultades en los presupuestos insulares de 2014, momento en el que el Cabildo se encontraba además inmerso en un intenso plan de ajuste impuesto por la nueva Ley de régimen local y un endeudamiento que superaba los 300 millones de euros.