Miguel lleva 19 años en empresas de Seguridad, de ellos entre 11 y 12 en la actual -es mejor no concretar porque en este mundillo hay un amplio espectro para ejercer las represalias-, con 14 de servicio para el Ayuntamiento de Santa Cruz. Tiene dos hijos, de 10 y 2 años. El pequeño va a una guardería y ya ha dicho que no le pasen las facturas ante la comprensión del centro. Y es que Miguel no ha cobrado un euro de su salario desde hace dos meses. Ni septiembre ni octubre. Igual que sus 35 compañeros de la empresa Seguridad Integral Canaria que prestan servicio de vigilancia en dependencias municipales.

Pese a ello -y tras algún leve síntoma de rebeldía- mantiene la compostura y cumple con su trabajo, "ni un minuto más", en una profesión donde el "enganche" es bastante habitual y las jornadas superan con creces las ocho horas, incluidas las noches.

Miguel está buscando otro trabajo para completar un sueldo que tampoco es para "tirar voladores". Lo mismo le sucede a su compañero Carlos, que supera ya la cincuentena, y también es padre de familia: "Llevo en esto 28 años y hay una vuelta atrás. Las condiciones son mucho peores que cuando empecé". Resume: "No sé qué hacer porque no paran de exigirnos como si no pasara nada, y no cobramos".

Antes del último pleno, y en el transcurso de la propia sesión del pasado viernes, el portavoz y concejal del PSOE, José Ángel Martín, denunció la "lamentable y penosa" situación que atraviesan "esos que nos cruzamos y nos dan los buenos días con educación, a pesar de que trabajan, y los he visto venir enfermos, sin cobrar. Es hora de tomar medidas contundentes".

El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la líder del PP, Zaida González (también se pronunció Asun Frías, de Sí se Puede), aseguran haber mediado (sin éxito) y calificaron la situación de "inadmisible" además de cifrar sus esperanzas en la inminente subrogación a la nueva empresa. El edil de Hacienda, Juan José Martínez, recordó la apertura de expedientes sancionadores. Pero no es suficiente para quienes desarrollan su labor en la puerta de la Casa de los Dragos, el Edificio Fides, las oficinas de Ofra y La Granja o las UTS. Sin olvidar los servicios en Carnaval, Navidad o el Baile de Magos de las Fiestas de Mayo.

Otro factor clave. El viernes día 3 se adjudicará el nuevo servicio a la empresa que debe subrogar a esta plantilla. Hay dos candidatos. Biservicus, "una empresa de aquí con garantías", aseguran las fuentes sindicales, que valoran sus "bondades" frente a Sistemas de Seguridad SH Lanzarote SL, que "en base a su mejor oferta económica se presume ganadora" y que estas fuentes califican como "salir de Guatemala para ir a Guatepeor porque, con respeto y desconocimiento, de esta firma no sabemos ni el domicilio social y solo que envía el uniforme a sus trabajadores por correo". Aseguran estas fuentes que "su oferta económica será mas baja y lo previsible es que se lleve la adjudicación. Pero si yo no cumplo con los trabajadores, puedo jugar a la baja máxima en la oferta. Nos parece de parche y pata de palo".

Miguel -uniforme impoluto y afeitado perfecto, placas a la vista en su camisa- se afanaba el viernes en hacer su trabajo lo mejor posible. La procesión, sin duda, iba por dentro. A las tres, ni un minuto más tarde de su hora, se fue a casa. Un día más sin cobrar.

El Ampa del Onésimo Redondo rechaza a Ralons

El Consejo Escolar y el Ampa del colegio Onésimo Redondo, en El Toscal (calle La Rosa), decidieron el pasado lunes "rechazar" a la UTE formada por tres empresas del grupo Ralons, que ganó el concurso para las activdades extraescolares. El motivo es que pertenece al mismo propietario que Seguridad Integral Canaria, "y hay una compañera afectada por impagos".

Clavijo se reúne con los sindicatos el día 11 de noviembre

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tiene previsto reunirse con diversas organizaciones sindicales el próximo 11 de noviembre para conocer la situación general de los vigilantes de seguridad en el Archipiélago y las condiciones laborales de estos trabajadores. Los sindicatos llevan varias semanas denunciando la irrupción de empresas de "bajo coste" en los concursos de seguridad privada que pagan a su plantilla unos sueldos reducidos, por debajo del convenio sectorial estatal.