La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizó hoy al Supremo venezolano a enjuiciar al primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, mientras el Gobierno asegura que el diputado dispondrá de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa.

Durante una sesión extraordinaria la ANC decidió "autorizar la continuación del enjuiciamiento" de Guevara, después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo (TSJ) declarara que este debe ser juzgado por tribunales penales por "asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir", sin precisar más detalles sobre estos delitos.

En ese sentido, la Asamblea Constituyente destacó que el opositor "se encuentra incurso de forma continuada" en estos delitos y que, según la Fiscalía venezolana, estos están relacionados con el papel del parlamentario durante las protestas antigubernamentales de este año en las que fallecieron al menos 120 personas.

"Estamos hablando de delitos permanentes, y por ello la flagrancia", señaló hoy el fiscal general, Tarek Saab, en la sesión de la ANC donde además aseguró que el principal portavoz y titular de la violencia de esos días es Freddy Guevara.

Para esta sesión, la ANC citó "con carácter de urgencia" al diputado, pero este no asistió.

Guevara se encuentra desde el pasado sábado en la embajada de Chile en Caracas en calidad de huésped tras solicitarle a esta sede diplomática protección ante lo que considera "inminentes amenazas" a su seguridad e integridad personal.

Ante esto, el Gobierno chileno dijo hoy que está a la espera y dispuesto a acoger al diputado en caso de que este solicite asilo político.

El Gobierno de Nicolás Maduro expresó su respaldo al Tribunal Supremo en el proceso iniciado contra el vicepresidente del Parlamento, y pidió a la comunidad internacional el "cese inmediato de las agresiones" contra Venezuela y sus instituciones.

El Gobierno "está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la República" y "brindará toda la colaboración que requieran el Ministerio Público o los tribunales nacionales en la instancia o momento que sea requerido", reza un comunicado de la Cancillería venezolana en referencia a este caso.

También expresó "su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de Gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones".

El Gobierno de Maduro denunció una supuesta campaña de "instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales" que según la Cancillería busca alentar la "desestabilización" y "violencia" en el país.

La Cancillería no hizo referencia al ingreso de Guevara en la embajada chilena, pero manifestó su convencimiento en las actuaciones jurídicas del Supremo venezolano y destacó la "separación de poderes" en la nación petrolera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores además hizo énfasis en que la Constitución reconoce la inmunidad parlamentaria, pero indicó que esta también establece los procedimientos "en caso de que sea requerido su allanamiento".

Asimismo, resaltó que "de acuerdo a las leyes venezolanas, el diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso tal cual lo establecen la Constitución".

La oposición venezolana, parte de la sociedad civil del país y numerosos Gobiernos de Europa y América no reconocen la legitimidad de la Constituyente, un suprapoder integrado únicamente por oficialistas cuya conformación e instalación ha sido tildada de fraudulenta e ilegítima.

El Parlamento, de mayoría opositora, tampoco reconoce a esta Junta y ha respaldado a Guevara sosteniendo que la medida del Supremo es "absolutamente política" y "arbitraria" y que además busca "seguir debilitando" al Legislativo.

También el denominado Grupo de Lima, conjunto de diecisiete países americanos que en agosto suscribieron una declaración crítica contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ha lamentado la decisión de la Alta Corte de Venezuela en contra de Guevara.