El nuevo censo de vertidos al mar 2017, aún sin publicación oficial y realizado por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, muestra cómo el 69% de los residuos que generan las islas hacia el océano no tienen autorización para verterlos.

Esto es debido, según Alberto Blasco, jefe del Servicio Contaminación de Aguas y Suelos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, a que las administraciones públicas canarias -como ayuntamientos y consejos insulares- "no conocen la normativa de vertidos al mar", y porque en Canarias "no se le ha dado la debida importancia" a los vertidos.

Estas entidades son las que, en última instancia, generan dichos vertidos, ya que son los que construyen infraestructuras como aliviaderos. En opinión de Blasco, "hacen la obra y no se dan cuenta de que necesitan una autorización".

Así, se vislumbra que en Gran Canaria el 71,2% de los vertidos no están autorizados, en Tenerife estos suponen el 61%, en Lanzarote el 77,4%, en Fuerteventura el 77,1%, en La Palma el 82,4%, el 66,6% en La Gomera y, en el caso de El Hierro, ninguno está autorizado.

En esta línea, "la mayor parte de los vertidos no están autorizados y siguen activos", como confirmó el jefe del servicio. Ejemplos de ello son la conducción de desagüe de Bocabarranco en Gáldar (Gran Canaria), que vierte agua residual y salmuera de forma habitual o la conducción del desagüe de San Andrés en Santa Cruz (Tenerife) que vierte agua residual urbana, también de manera habitual.

No obstante, estos vertidos "no se pueden parar", por eso lo que se quiere intentar desde la consejería es "legalizarlos lo antes posible" y "por su puesto multarlos". De hecho, Alberto Blasco anunció que la Agencia de Protección del Medio Natural "ya tiene un prelistado" de corporaciones públicas, empresas y particulares a los que irán "abriendo expedientes sancionadores". Aunque hay varios ya abiertos, el jefe del Servicio de Contaminación de Aguas, alertó de que "hacer un expediente de infracción tarda bastante", pero informó de que "a partir de que se haga público el censo, se deberían abrir muchos más".

La regularización de la situación de los vertidos es vital para el cuidado del medio ambiente, pues se obliga a cumplir con una serie de restricciones, entre las que se encuentra la redacción de un proyecto de conducción y el tratamiento depurador que debe tener el vertido para que cumpla unos estándares mínimos de calidad a la hora de arrojar estos residuos al medio marino.

Aunque la carga contaminante de cada vertido depende de dónde estén, "a grandes rasgos", las depuradoras de aguas residuales de las ciudades con más población suelen ser las que generan los más contaminantes.

Las de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y también en Adeje y Arona en el Sur de Tenerife, "son aguas residuales que sirven a mucha población, por ello la carga contaminante es muy grande", explicó Alberto Blasco, jefe del Servicio Contaminación de Aguas y Suelos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza.

Aunque para las personas "estos son los más problemáticos", Blasco hizo hincapié en los vertidos de salmuera -que se generan por agua desalada-, que son muy nocivos para el medio ambiente cuando se vierten en sebadales o en zonas protegidas.

En otra línea, en el nuevo censo, que se ha hecho 10 años después de publicarse el anterior, se percibe un descenso de la cantidad de residuos arrojados al mar. Sin embargo, Blasco admitió que tan solo el 10% de ese descenso se debe a las mejoras en la red de saneamiento en Canarias. El 40% de la disminución viene dada porque en este censo no se han incluido aquellos vertidos que se realizan en pozos y barrancos, "un poco antes de llegar al mar", que pueden o no llegar a él y que "no son competencia de la consejería".

Además, en el censo de 2007, también se contaron los vertidos pluviales de los barrancos, lo que, según Blasco, el Servicio Contaminación de Aguas y Suelos entendió que "no son contaminantes" y los eliminó, suponiendo esto el 20% de la reducción.

En cuanto a la próxima actualización de los datos censados, Alberto Blasco adelantó que quizás se haga dentro de dos o tres años.