El comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, anunció esta semana en la Cadena Ser que el Gobierno de las Islas se ha dado un golpe en la cabeza. Producto del estampido en la totorota, algunos han descubierto la pólvora. O lo que es lo mismo, que si te pasas la vida predicando igual viene bien que también des algo de trigo.

Ya desde mucho antes de la crisis, las administraciones públicas establecieron un curioso sistema de concursos públicos. Primero se reunía a un equipo de cualificados técnicos que establecían que, por ejemplo, hacer una carretera costaría unos diez millones de euros. Entonces se redactaban unos pliegos de condiciones por los que se licitaba la obra por ese precio de ejecución. Se presentaban las empresas y una de ellas ofrecía hacer la obra por ocho millones. O sea, un veinte por ciento por debajo del precio calculado oficialmente. En la mayoría de los casos, ese concursante era el que ganaba. ¿Fin de la historia? No. Ni mucho menos.

El ganador comenzaba a realizar los trabajos y empezaba a argumentar que las condiciones de la obra no eran como se habían definido. Y solicitaba reformados del proyecto; o sea, más dinero. Al final la obra terminaba costando realmente doce millones. Dos más de lo que establecía el concurso. Y cuatro más de lo que había prometido el ganador. Muy curioso, mi teniente.

Como los jueces se han convertido en el verdadero poder de este país, funcionarios y empresas llegaron además a un nivel de acuerdo con seguridad para las partes. Las nuevas cantidades que se pedían sobre el presupuesto de la obra se reclamaban en los juzgados. Y como en casi todos los casos -si la tostada está bien hecha- se podían justificar los sobrecostes, los jueces ordenaban el pago. Y aquí paz y en el cielo gloria. Nadie se pringaba las manos en el asunto.

Todo este sistema tenía efectos perversos. Primero, las empresas que pueden aguantar mucho tiempo sin cobrar dinero son las más grandes: luego son las que pueden ofrecer precios más bajos confiando en recuperar a largo plazo la pasta. Algunas de esas grandes empresas incorporaban a las autóctonas en Uniones Temporales de Empresas, dándoles un pequeño y caritativo porcentaje. Esas eran las buenas. Otras subcontrataban las obras y estrangulaban a las pequeñas empresas pidiéndoles hacer el trabajo por menos dinero aún del previsto, ya que le cargaban sus márgenes de beneficios. Y calladitas, porque si no contrataban a otra.

Además de todo eso, se producía otro efecto devastador. Como los márgenes de beneficios normalmente se mantienen, el abaratamiento de las ofertas sobre obras o servicios se articulaba sobre la masa salarial de los trabajadores, que terminaban cobrando sueldos cada vez más bajos para hacer posible que sus empresas ganaran las licitaciones. Y si se trataba de obras, además de los sueldos bajos, las adjudicatarias desarrollaban todo tipo de argucias para colocar los materiales más baratos que pudieran conseguir en el límite de las especificaciones determinadas por los técnicos. O eso o paralizaban la obra como chantaje, para negociar con los políticos apurados por las presión social.

Lo que ha venido a decir el comisionado contra la Pobreza es que el Gobierno se ha dado cuenta de que todo esto ha estado ocurriendo ante sus napias. Y que conseguir mejores salarios en Canarias pasa por empezar a pedir responsabilidad social a las empresas que concursan por los miles de millones que cada año se gastan las administraciones públicas canarias en bienes, obras y servicios.

Bienvenido sea que alguien se haya caído de la higuera y que se esté trabajando en un proyecto de ley por el que, en los concursos, el precio sea sólo un factor más a valorar, junto a las tablas salariales que se ofrecen para los currantes, la presencia de las mujeres en las plantillas de las empresas o cualquier otro factor que nos haga ser una sociedad mejor, más justa y donde el reparto de la riqueza empiece a cambiar.

Soy de los que piensan que los datos sobre la pobreza extrema en Canarias encubren una economía más sumergida que el submarino del capitán Nemo. No casa que tengamos al 46% de la población en riesgo de exclusión social y que estemos batiendo el récord de matriculación de turismos o que haya subido la recaudación del IGIC a techos históricos. Pero sí que es verdad que los sueldos de la gente están a la cola de España. Y esto sólo se puede cambiar si los que mandan empiezan a dar ejemplo. Ya era hora de que alguien haya descubierto que el nacionalismo es algo más que el folklore y las estrellitas verdes. Y que incluso siendo canario se puede perfectamente no ser tonto del culo.