"A día de hoy los tagorores son un derroche que no sirve para nada, salvo para pasar por caja. Solo algunos vocales de la oposición llevamos propuestas y el resto nada. A cobrar y para casa. Las respuestas desde la presidencia, que llevan los concejales de distrito, son las típicas de siempre: se está trabajando en ello, lo trasladamos a... O ese tema escapa de nuestra competencia". La reflexión no es de alguien ajeno a este supuesto órgano de participación ciudadana. Ni mucho menos. Quien la hace es David Carballo Arrocha, vocal en el Distrito Suroeste y presidente de la asociación de vecinos Guacimara, de La Gallega.

En Santa Cruz estos a los órganos participativos se les denominó tagorores , "haciendo un aparente, según Carballo, homenaje a nuestro ancestros, que a día de hoy es más un insulto. Para ellos era la asamblea donde se reunían los aborígenes para dilucidar sobre los problemas y conflictos bajo la autoridad del Mencey".

Carballo valora: "Es un órgano desde el que se supone se hacen propuestas e iniciativas para mejorar la situación de los distritos. Pero debido al pánico que nuestros gobernantes tienen a una participación ciudadana real en la política y la toma de decisiones, han degenerado en miniplenos que no representan a la ciudadanía de barrios y pueblos, sino son una extensión de los grupos políticos con representación municipal".

Para Carballo, "han pasado 14 años desde la puesta en marcha de la Ley de Grandes Ciudades y en la práctica no se ha avanzado en la participación ciudadana. Seguimos a años luz de otros municipios españoles donde los vecinos tienen mecanismos públicos para tomar decisiones sin pertenecer a ningún partido político o a la propia administración pública".

Carballo concluye: "La ciudadanía tiene derecho a participar con acceso a los mecanismos institucionales y a la información. Esto repercutirá en un fortalecimiento del sistema democrático representativo y participativo, que garantizaría los derechos y legitimaría las decisiones del gobierno".

Ley de Grandes Ciudades

La Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre) entró en vigor el 1 de enero de 2004. Consiste en la modernización de la gestión del ayuntamiento para desarrollar e impulsar la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos locales. Una de las medidas es la división del municipio en distritos y la determinación y regulación de sus órganos como instrumentos para crear políticas de proximidad y participación en localidades con alta densidad poblacional. Descentralizar funciones desde la participación ciudadana.

"Mero símbolo"

Carballo resume: "Los tagorores en Santa Cruz han quedado como un organismo simbólico, con un coste económico muy alto para la ciudad, en el cual la toma de decisiones de los representantes de los partidos políticos ni siquiera es vinculante, y en la que el número de propuestas es ridícula para el de vocales. Por ejemplo, en el Suroeste, el tagoror es cada tres meses y la mitad de los vocales no suelen proponer nada. No hay más que revisar las actas para ver el simbólico acto que hay que pasar cada 3 meses para "cumplir" la Ley.