El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), compareció ayer en solitario en rueda de prensa para dar la versión del ayuntamiento respecto a la polémica por la orden de derribo de la tercera planta de una vivienda en La Cartaya, construida de forma ilegal, y anunciar que esa demolición, ordenada por un juez, se ejecutará "en cuestión de días". Domínguez explicó que el consistorio "está obligado a ejecutar sin demora" la sentencia firme que obliga a demoler la tercera planta de esta vivienda, en la que actualmente reside una pareja, y pidió a los afectados "cordura e inteligencia para que este asunto no pase más allá de un conflicto judicial".
El mandatario no quiso concretar la fecha del derribo, que ya se ha notificado a los afectados, para evitar que se produzcan incidentes. Se confesó "seriamente preocupado por los posibles efectos colaterales" de este conflicto entre vecinos. Y reconoció que tras las críticas, descalificaciones y algunas llamadas que calificó de "desagradables", se llegó a plantear "tirar la toalla" y dejar la política: "Por primera vez en los años que llevo en política me planteé si esto valía la pena o debería dejarlo todo y preocuparme solo por mi familia".
Domínguez insistió en que el origen de este problema es la denuncia que las personas ahora obligadas a demoler interpusieron contra el vecino de la casa de al lado por otra construcción ilegal. Ese vecino, que tuvo que demoler su parte, denunció posteriormente al primer denunciante, que no quiso demoler de forma voluntaria, y el juzgado ha ordenado que, de forma subsidiaria, sea el Ayuntamiento de Los Realejos el que ejecute ahora esa orden.
Domínguez mostró en su comparecencia grabaciones de la vista que convocó el juez que dictó la sentencia para aclarar las dudas que había planteado el alcalde. En esa vista, el juez respondió a Domínguez que el consistorio no tiene otra alternativa legal que demoler. Las palabras exactas del juez fueron: "Estamos ante una ejecución delegada por parte del ayuntamiento, que viene obligado a la demolición, que es cosa firme ya juzgada, y por tanto confirmo que el ayuntamiento ha actuado correctamente. Si el ayuntamiento actúa con diligencia para hacer lo que ya hay una sentencia que decide y ordena, está actuando conforme a la ley y correctamente. Tenga seguridad jurídica de que lo que está haciendo el ayuntamiento es conforme a derecho, aunque duela a la parte ejecutada. Pero la parte ejecutada es consciente de que su obra es ilegal y que está beneficiándose de una ilegalidad".
Además, el juez remarcó que no se puede esperar a la futura aprobación del PGO: "Ante esta situación, lo digo claramente y lo diré en resolución. La respuesta ante las dudas sobre si el ayuntamiento debe esperar o no en cuanto a la ejecución a una futura e incierta aprobación de un PGO que habilite para legalizar lo ilegalmente construido y que sigue siendo ilegal a día de hoy, pues la respuesta es negativa. El ayuntamiento no puede demorar".