Quizás por la mejora económica, las campañas de concienciación u otras coyunturas, la consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, pudo alardear ayer, en una comisión informativa de su área, del considerable incremento del número de menores que han sido acogidos por familias en las Islas en lo que va de año. Unas cifras que contrastan con las de los peores años de la crisis y que, según detalló tras una pregunta de su grupo (CC), han pasado de los 1.016 niños acogidos en todo 2016 a los 1.143 que ya se habían contabilizado en este ejercicio, justamente hasta el pasado octubre.
Se trata, pues, de 127 niños más que han sido acogidos por familias residentes en las Islas, lo que, según dijo Valido, le "llena de esperanza". Además, también ha decrecido la cifra de menores que se quedan en centros oficiales, que este año suman 792, lo que contrasta con los 864 presentes en estos equipamientos durante 2016.
La consejera subraya el salto cualitativo que supone que un menor sea acogido en una familia estructurada y motivada a que lo haga un centro institucional, por muy especializado que esté. Por eso, y en línea con la intervención de Guadalupe González Taño (CC), lamenta las entregas temporales a las familias y cómo se complican o ralentizan algunos casos por falta del personal necesario.
Por eso, recordó que el departamento de Menores no disponía ni de una jefatura de servicio y que, desde el pasado junio, se cuenta ya con tres, si bien aún apuesta por una cuarta para tratar de agilizar al máximo los expedientes, sin necesidad de que los jefes tengan que trasladarse a Tenerife o Gran Canaria solo para firmarlos.
Durante la comisión, además, Valido también respondió a Josefa Luzardo (PP) por las 50 viviendas entregadas a la asociación Nazaret para casas sociales y que aún no se han reformado ni adaptado para ese fin. Según recalcó, y tras una última reunión a finales de octubre, los responsables de Visocan le han dado una especie de última oportunidad a la entidad para que cumpla su parte del convenio en el menor plazo posible. No obstante, y de concluirse que no se podrá producir, se darán los pasos legales correspondientes para anular el acuerdo y que esas viviendas para uso social puedan ser aprovechadas por la administración pública, y más con la demanda y creciente escasez que hay, con precios de alquileres o compras de bancos cada vez más altos por otra especie de burbuja.
Asimismo, y también a preguntas de Luzardo, Valido desveló que Visocan ha llevado al juzgado al ayuntamiento de Arona por no poder usarse las 35 casas de VPO creadas en La Camella desde 2004, si bien aún no se han dado novedades judiciales. Se trata de una promoción afectada por los problemas del planeamiento local, suspendido por irregularidades, que se levantó en un terreno no autorizado y que costó 9 millones.