El apoyo del Cabildo de Tenerife a que la mejora de las dotaciones públicas de la playa de Las Teresitas sea considerada de interés insular, según permite la nueva Ley del Suelo, se mantiene firme, pero este respaldo, aún sin concretarse en un documento, tendrá sus condiciones.

Los detalles de las intenciones de la Corporación insular los expone el consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, tras la segunda reunión "técnica" que, hace unos días, mantuvieron representantes de ambas administraciones.

"Se acordó que el promotor, en el caso de que se hiciera el proyecto insular, fuera el Cabildo de Tenerife. Nosotros no asumimos ni compromisos ni herencias del ayuntamiento. Empezamos de cero", detalló Pérez. Y sobre este argumento, las exigencias.

La primera de ellas es que el Ayuntamiento de Santa Cruz "renuncie" al plan especial con el que pretende ordenar los usos de la mayor zona de ocio de la capital, un documento que está a punto de aprobarse de manera definitiva. "Y después veremos, en la ordenación que se haga del sistema general, qué alternativas hay", precisó Pérez. La idea es partir de cero.

La segunda condición, directamente solicitada por el presidente del Cabildo, es que haya una comisión mixta conformada por la Corporación insular "y por todos los grupos políticos del ayuntamiento de Santa Cruz, incluida la oposición". Es decir, una fórmula similar a la que se ha realizado en el Puerto de la Cruz con el Plan de Modernización y Mejora del puerto.

"Y antes de iniciar el proyecto insular, y como el Cabildo es el promotor, tiene que quedar claro qué debe pagar cada cual". Sería, según indicó el consejero de Política Territorial, la tercera exigencia insular. "En la última reunión se acordó que el ayuntamiento redacte un borrador de convenio en el que nuestra intención es que estén, además de nosotros, la Dirección General de Costas y el Gobierno canario", detalló.

La justificación del Cabildo para sumar esfuerzos es clara: "Costas tiene que saber y decir mucho sobre la playa, pues nuestra intención es asumir no solo el frente, sino toda la zona", remarcó. "Creo que podríamos llegar a un acuerdo con ellos, porque las relaciones son buenas", añadió.

La última condición sugerida por el Cabildo está relacionada con la titularidad de los terrenos del frente de playa. Como quiera que estos están aún inmersos en un proceso judicial, aunque en el Registro figuran ahora como municipales, la Corporación insular exige al Ayuntamiento de Santa Cruz que asuma -debe recogerse en el convenio- el coste de las expropiaciones si, llegado el caso, la Justicia da la razón a la parte privada.

"Si se cumplen estas premisas aprobaremos en el Pleno el interés insular y continuaremos con el trámite en sus dos vías: la parte ambiental y la territorial. Y cada vez que haya un hito completado, habrá una reunión con todos los agentes políticos", subrayó Miguel Ángel Pérez.

No obstante, el consejero advirtió de que esto no significa que el proyecto vaya a estar resuelto en pocos meses. "Se dilatará. El plazo previsto, si todo sale bien y si el ayuntamiento presenta todo lo que le hemos dicho, sería para comenzar en enero a trabajar y poder tener terminado el proyecto a finales de 2018", puntualizó.

¿Qué ha respondido el ayuntamiento? "En principio nos han dicho que no tienen inconvenientes. Todo el mundo quiere mirar para otro lado en Las Teresitas, y creo que no es justo", valoró.

¿Cuál sería el coste? "La estimación que tenemos es del ayuntamiento, en torno a 40 millones de euros, sin contar expropiaciones. Pero es que Las Teresitas está muy deteriorada", concluyó.