El Ministerio de Justicia ha ampliado a las cuatro secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la puesta en funcionamiento del sistema que permite la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.

De esta forma, el proyecto de justicia digital que arrancó en mayo en la Sala de lo Social del alto tribunal se extenderá de forma progresiva al resto de órganos jurisdiccionales del Supremo.

A partir de ahora, además de la comunicación electrónica con los profesionales para la práctica de notificaciones y escritos, las operaciones de firma y consulta de documentos se realizarán íntegramente en digital, lo que contribuirá a agilizar la tramitación y a dotar de mayores garantías a todos los actos jurídicos, informa el Ministerio de Justicia.

El despliegue de la justicia digital en la Sala de lo Penal ha requerido una intensa actividad preparatoria que ha incluido actuaciones organizativas como la elaboración de un manual de operativas que adecúa los procesos a las nuevas herramientas y actuaciones tecnológicas como una nueva versión del sistema de gestión procesal Minerva que posibilita la tramitación electrónica.

Por otro lado se han distribuido tarjetas criptográficas y certificados de pseudónimo a los usuarios autorizados para la firma electrónica de los documentos.

Además se dotará a los magistrados y a los letrados de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal de los dispositivos necesarios que permitan trabajar en movilidad y en digital con todas las garantías de seguridad.

En lo que se refiere a actuaciones de formación y soporte, Justicia ha impartido formación específica a los usuarios en el manejo de las nuevas herramientas y ha reforzado el personal de soporte en el Tribunal Supremo.

Asimismo el equipo tecnológico de apoyo del Ministerio gestionará las incidencias que no se puedan solventar en la sede del tribunal para asegurar el funcionamiento estable del nuevo sistema de tramitación electrónica.

El seguimiento de los trabajos para la estabilización de la justicia digital se está realizando a través de un grupo técnico de implantación compuesto por responsables del Tribunal Supremo y por equipos de personal técnico y organizativo del Ministerio.