Madre joven, con dos hijos menores a su cargo, sin ingresos ni ayuda que, tras huir de una situación de pareja muy complicada, vive en una casa vacía, propiedad de un banco, en el barrio de Los Campitos. Tiene luz, pero no agua. Es el perfil para el que ha pedido públicamente "solidaridad" la Plataforma Por la Dignidad. El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, respondía así ayer: "Los servicios sociales de Santa Cruz tienen conocimiento de este caso desde agosto, gracias a un aviso de la Policía Local, que advirtió de una familia (monoparental) en posible situación de vulnerabilidad".

"Dos trabajadoras sociales -añadió- la visitaron en su domicilio el 10 de agosto y confirmaron que la vivienda está en perfectas condiciones, una casa nueva y amueblada que entonces tenía suministro de agua y luz. También que había dos menores, uno escolarizado y otro de dos años. No se observó ningún indicador de vulnerabilidad ni riesgo para los niños".

García indicó que "está empadronada en La Laguna y no en Santa Cruz y se le informa de que para ser atendida debe estarlo en el municipio".

La historia tiene una segunda parte desde el 24 de octubre: "Pasados esos dos meses, la familia nos comunicó el corte del agua y nos pidió ayuda para recuperar el suministro pero, al estar en situación de ocupación irregular de la vivienda, se le informó de que no se le puede conceder una prestación económica para ello. A día de hoy, la familia sigue sin figurar empadronada en Santa Cruz de Tenerife. No sabemos si ha hecho o no las gestiones oportunas, pero no consta como vecina de la capital".

"En cualquier caso, hoy (por ayer), explicó García, se ha vuelto a contactar con la señora y se le ha dado cita el martes próximo para atenderla, ver la mejor intervención social en este caso e informarle de que si no han cambiado algunas de las circunstancias relativas a la propiedad de la vivienda, no podremos concederle prestación para el suministro de agua. Y es necesario estar empadronada".

García concluyó: "Con estos datos queda acreditada la atención que los servicios sociales de Santa Cruz han prestado y siguen prestando a este caso, con información precisa sobre las condiciones a reunir para la ayuda. Por lo que no se ajusta a la realidad ni a la verdad de los hechos el sensacionalismo de la denuncia conocida hoy (por ayer)".

La Plataforma reitera en su escrito la urgencia del caso y plantea el "colapso" de los servicios sociales porque esta mujer, peluquera de profesión, a la que el banco pide un contrato de trabajo o algún ingreso para acceder al alquiler social, "lleva meses intentado que le den cita, pero por teléfono no hay forma, las listas están cerradas, y en persona la marean para luego remitirla al número 900 111 333, donde no le dan cita porque están las listas cerradas".