El Consejo Consultivo de Canarias ha descartado emitir un pronunciamiento sobre la posible nulidad de los productos financieros ''swap'' abiertos por el Cabildo de Tenerife con el BBVA en 2011 por importe de 188 millones de euros.

En un dictamen facultativo solicitado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo --el Cabildo no tiene competencias para hacerlo-- y recogido por Europa Press, aclara que tiene función consultiva, no administrativa, lo que le "impide indicar" a una administración si concurren determinadas circunstancias en algún expediente determinado.

No obstante, sí abre la puerta a analizar el fondo del caso si el Cabildo decide iniciar una revisión de oficio del expediente --donde habría que escuchar a la entidad bancaria--, algo que por ahora han descartado los servicios jurídicos de la corporación porque sostienen que "no hay nulidad de pleno derecho" en las operaciones financieras ya que están excluidas de la legislación de contratos públicos.

Según recoge el dictamen, el Cabildo mantiene abierto un producto de permuta financiera por importe de 71,5 millones hasta junio de 2021 por el que la corporación abona un 4% de interés fijo, y otro de 55,2 millones, también en vigor hasta 2021 y con un interés fijo que se eleva hasta el 4,26% --el resto ya se han cancelado--.

Además, el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife ya rechazó la nulidad de las productos financieros en el pasado mes de abril, sentencia que ha sido recurrida por el Cabildo ante la Audiencia Provincial.

El Consultivo sí ha entrado a analizar la petición del Gobierno de Canarias sobre si el presidente del Cabildo debe levantar los reparos que plantea Intervención en cada ocasión para que el expediente pueda seguir su curso.

En este sentido, el órgano consultivo sostiene que Intervención, que viene planteando reparos desde junio de 2015, puede formular los que "estime oportunos" en base al principio de autonomía funcional, de lo que se desprende, igualmente, que la presidencia del Cabildo los tenga que solventar hasta la extinción de los contratos, previstos para 2021.

El dictamen cuenta con un voto particular del presidente, Carlos de Millán, en el que expone que el Consejo se podría haber pronunciado sobre la validez de los productos financieros y prescindir del análisis de los motivos de nulidad, remarcando que "lo apropiado" en este caso es someterlo a un dictamen preceptivo vinculado a una revisión de oficio, pues es "inviable" hacerlo en un dictamen facultativo.