Hace apenas dos meses que el comisario jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación Javier Galván fue designado como Interlocutor Nacional Sanitario con la misión de prevenir las agresiones a los profesionales de la salud; ya tiene claro que la solución "no es poner un policía en la puerta de cada centro". El comisario Galván lidera a 55 interlocutores policiales territoriales (uno por cada una de las 50 provincias y otros cinco por Ceuta, Melilla, Algeciras, Gijón y Vigo), que están ya trabajando.

Esta es una de las medidas incluidas en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad frente a esas agresiones. "La figura del interlocutor policial viene a dar respuesta a una demanda de seguridad debido al incremento de las agresiones a los profesionales sanitarios", señala Galván en una entrevista con Efe.

¿Era necesario crear esta figura?. "Creo que sí", opina el comisario, quien incide en que existe "un problema importantísimo y qué mejor que contar con la experiencia de la Policía Nacional".

Un cuerpo, recalca, que "siempre ha estado con el sector profesional sanitario, pero desde una postura reactiva: dónde hay un incidente, ya sea en urgencias o en las ambulancias del Samur cuando se necesita reducir a una persona que está alterada, "allí acudimos".

Ahora se trata de "dar un paso más. Queremos prevenir. Y lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos y tomar conciencia del problema", asegura este experto en seguridad. El primer paso ha sido crear un grupo de trabajo en torno a la figura del interlocutor nacional que dé soporte a la actividad y se han nombrado 55 interlocutores territoriales. "Estamos hablando de casi 60 personas trabajando para esa demanda de seguridad".

Un peldaño más es la elaboración de un catálogo de centros tanto públicos como privados de toda España y la valoración de la situación de cada uno de ellos para confeccionar un mapa de riesgos, que podría estar listo este mismo mes. Además, se ha actualizado el sistema informático de criminalidad para adecuar al mismo aquellas agresiones o actividades de carácter delictivo que se producen en el ámbito sanitario, "con el objetivo de tener una idea real de lo que sucede".