Santa Cruz de Tenerife

Canarias volverá a tener un plan de vivienda tras siete años sin él

La Consejería llevará a cabo una "diagnosis profunda" con ayuda de distintos agentes sociales La nueva hoja de ruta estará en 2019 y durará cuatro años, como marca la ley.
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
7/dic/17 6:04 AM
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Canarias volverá a tener un plan de vivienda tras siete años sin él. La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda está trabajando en un nuevo documento

que establezca las necesidades actuales y fije las directrices que hay que seguir para atender las carencias alojativas de miles de familias canarias.

"El ultimo plan fue el de 2009-12 y desde entonces no ha habido un documento de planificación en materia de vivienda. Este gobierno lo quiere hacer y lo va a hacer", aseguró a este periódico la directora del área, María del Pino de León Hernández. La titular del área considera que es fundamental desde todos los puntos de vista: para coordinar a todas las administraciones que intervienen en materia de vivienda y para atender la demanda social.

La Ley Canaria de Vivienda establece, además, que el Archipiélago debe contar con un plan cada cuatro años.

La Consejería prevé que la nueva hoja de ruta empiece a ejecutares en 2019 tras una "diagnosis profunda" de las carencias y el nuevo perfil del demandante. Para hacer esa radiografía, desarrollará un proceso participativo durante el primer semestre de 2018 en el que tendrán voz todos los agentes implicados en el sector, además de las instituciones, colegios políticos, plataformas antidesahucios y grupos políticos. "Si puede ser en 2018, perfecto, pero nuestra previsión es que tenga un periodo de cuatro años, como marca la ley, y que vaya de 2019 a 2022", expuso.

De León es cauta: "Tenemos que hacer una diagnosis importante: analizar cómo está el sector de la construcción, cuánta vivienda vacía hay y cómo es el perfil actual del demandante. Es necesario hacerlo, porque eso nos llevará a tomar decisiones; por ejemplo, si hay que construir vivienda pública o activar la que esta en el mercado".

Mientras el nuevo plan se define, la Consejería ha aprobado un documento programático para ir tomando decisiones en materia de vivienda. Este documento incluye numerosas actuaciones, como diversos cambios normativos, que ya han sido comunicados a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que haga aportaciones y que también se enviará a los cabildos.

Una de esas modificaciones legales incluye reformar el decreto que establece el sorteo como fórmula de adjudicación de las viviendas sociales. Se había anunciado su modificación ya, pero hasta la fecha tan solo se ha modificado la ley -un paso previo necesario-, pero no así el decreto que lo regula.

Uno de los cambios en los que ya está trabajando la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es la modificación del Registro de Demandantes de Viviendas Sociales para contar con información más actualizada.

"Vamos a modificar la orden del registro porque queremos utilizar, en el mejor sentido de la palabra, a los ayuntamientos, que son las administraciones más próximas. Con su ayuda, el registro será más real y estará más actualizado", explicó la directora de Vivienda, María del Pino León.

En la actualidad, según los datos que maneja la Dirección General, hay 10.000 solicitantes de vivienda social. Además, a esta cifra hay que sumar los ciudadanos que no cumplen con los requisitos para acceder a estos recursos -renta inferior al 1,5 del Iprem-, pero sí pueden optar a una vivienda protegida de promoción privada.

"El registro de demandantes de vivienda te registra tu unidad familiar y las condiciones económicas y sociales. En función de esos datos te dice qué tipo de vivienda puedes solicitar. Cada cierto tiempo tienen que actualizarse los datos porque las condiciones varían". Ahora, los solicitantes deben confirmar su situación de vulnerabilidad cada tres años. "Vamos a cambiar eso, porque creo que se trata de un plazo insuficiente para que la realidad de una familia cambie. Queremos que el plazo sea mayor y que los ayuntamientos lleven el registro, de manera que el procedimiento sea menos gravoso para los ciudadanos".

De León lamenta el daño que ha hecho la crisis a un área como la vivienda, que es fundamental para miles de personas y que necesita mucha inversión, pero confía en un cambio de tendencia: "Hace muchos años que no se hacen viviendas sociales y ya es el momento de hacerla".