La jueza encargada del caso de la muerte violenta del empresario granadillero Raimundo Toledo en diciembre de 2015 ha decretado la prórroga de la prisión provisional para los tres acusados de secuestrar, matar y quemar a la víctima.

A pesar de que los abogados defensores solicitaban que los cubanos Sandra P. y Alexander R., así como el argentino Diego Claudio quedaran en libertad provisional a la espera del juicio, la autoridad judicial decidió que sigan en la cárcel por un periodo de dos años más.

De esa manera, la jueza coincide con los planteamientos del fiscal de que existen "altos indicios" de que dichas personas fueron los autores materiales del trágico suceso, ocurrido en la noche del 15 de diciembre de 2015.

Para no conceder la libertad provisional se ha tenido en cuenta que los tres son ciudadanos de origen extranjero y que existe un riesgo de fuga, así como de destrucción de pruebas.

Frente a dicho planteamiento, los letrados defensores manifestaron que los acusados tienen arraigo en Tenerife, puesto que cuentan con familiares en la misma, a la vez que niegan que puedan destruirse pruebas, pues todas han sido puestas ya a disposición del Juzgado.

Según las fuentes consultadas, ya el representante del Ministerio Público presentó su escrito de acusación y la jueza ha otorgado un plazo a las partes para que planteen sus argumentos.

Como publicó EL DÍA el pasado mes de julio, el escrito de calificación provisional de la Fiscalía sobre la muerte violenta del empresario, que residía en Santa Cruz de Tenerife, destaca el papel desempeñado en el caso por Sandra P., de 42 años, que era pareja sentimental de un sobrino y socio de la víctima. Esta acusada, a su vez, mantenía una relación íntima con otro de los detenidos, Alexander R.R., cuando ocurrió el homicidio.

El fiscal recuerda que el sobrino del empresario tenía una participación en la sociedad que explota la gasolinera T-Gas de la carretera de El Médano. Además, dicho familiar de Toledo contaba con un 20 por ciento de otra empresa donde el resto del capital correspondía a Raimundo Toledo y sus hijos.

Según la Fiscalía, Sandra P. presuntamente supo de los elevados volúmenes de facturación de dichas sociedades y de la venta de unos terrenos por valor de más de un millón de euros en el plan parcial de La Jurada (al este de San Isidro y junto a la autopista del Sur) para la instalación de un restaurante de comida rápida de una conocida franquicia. Una parte de ese dinero por la venta del suelo correspondía indirectamente al sobrino del empresario. Este familiar de Raimundo (y pareja de Sandra) tenía mucho interés en dejar de ser socio de las citadas sociedades, con el objetivo de percibir el dinero en efectivo por su participación, así como bienes inmuebles, según recoge el fiscal en dicho documento.

Sin embargo, su tío, que era conocedor de su adicción a las drogas, se resistió durante algún tiempo a dicha medida, para protegerle e impedir, dentro de sus posibilidades, que dilapidara su patrimonio. Por eso, el sobrino cada mes recibía una cantidad de dinero digna, como si trabajara en la gasolinera, aunque no hiciera labor alguna, según los datos manejados por la Fiscalía.

Cabe recordar que los tres acusados llevan desde finales de diciembre de 2015 en prisión, gracias al trabajo de investigación desarrollado de forma conjunta por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil y de Homicidios de la Policía Nacional.